* Será la tercera más grande del mundo e inundará las selvas de la Amazonía
* Grupos de indios y asociaciones ecologistas están en contra
El Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) ha concedido este miércoles la licencia de instalación para la construcción de la polémica hidroeléctrica de Belo Monte, que será la tercera más grande del mundo e inundará 516 kilómetros cuadrados de selvas en la Amazonía.
"La concesión fue marcada por un consistente análisis técnico e incluyó exigencias que garantizan ganancias sociales y ambientales", ha informado el Ibama en un comunicado.
La licencia de instalación permite que el consorcio responsable de la construcción, que costará 10.600 millones de dólares (7.350 millones de euros), emprenda las obras en el cauce del río Xingú en el municipio amazónico de Altamira, perteneciente al estado de Pará.
Se prevé que la planta comience a operar en 2015, con una capacidad para generar 11.233 megavatios, lo que la convertirá en la tercera mayor hidroeléctrica del mundo después de la china de las Tres Gargantas y la paraguayo-brasileña de Itaipú.
La licencia fue concedida aunque el proyecto, que el Gobierno considera prioritario y que se niega a paralizar pese a numerosas protestas, ha sido cuestionado hasta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), que llegó a pedir la paralización de las obras hasta que se constate su real impacto ambiental y social.
Indígenas y ecologistas, en pie de guerra
Grupos de indios y campesinos que viven en la zona han denunciado que las obras desplazarán a unas 50.000 personas que residen en áreas que serán inundadas y a las que el Gobierno todavía no ha ofrecido alternativas.
Su lucha ha sido popularizada por celebridades como el director canadiense de cine James Cameron, creador de la película Avatar, que ha hecho varias visitas a Brasil para apoyar a los indígenas.
Las organizaciones ecologistas, por su parte, alegan que la represa de Belo Monte causará un daño "irreparable" al ecosistema de la región y pondrá en riesgo la subsistencia de la rica fauna del Xingú, uno de los afluentes del río Amazonas.
Es una obra criminal que destruirá el bosque y el río
"Esta obra criminal implica la destrucción de una gran área de bosque, que afectará a la vida de decenas de miles de personas y secará el río alrededor de cinco pueblos indios", ha afirmado a la agencia France Presse Antonia Melo, jefa del movimiento "Xingú vivo para siempre".
El consorcio que construirá la hidroeléctrica ya había recibido en enero pasado una licencia para instalar la base de obras, que contará con los alojamientos de los empleados, las oficinas y las bodegas para la maquinaria.
Un proyecto de 1970
En febrero del año pasado una licencia previa del Ibama condicionó la construcción a 40 exigencias que los responsables tenían que cumplir antes de comenzar las obras y que fueron verificadas el mes pasado.
El Ibama tendrá que conceder aún la licencia de operación, que está condicionada al cumplimiento de todas las exigencias ambientales incluidas en la autorización anunciada este martes.
Esto significa que, al menos en teoría, los trabajos de construcción pueden continuar, aunque la oficina del fiscal federal en el estado de Pará, donde se encuentra la presa, ya ha presentado una demanda contra el proyecto del Gobierno brasileño, que data de 1970.
La construcción se la adjudicó en abril del año pasado en una subasta pública el consorcio Norte Energía, liderado por la estatal Companhia Hidroeletrica do Sao Francisco (Chesf) y cuenta con empresas como las constructoras Queiroz Galvao y Andrade Gutierrez.
Exigencias para su construcción
Entre las condiciones de la licencia de instalación destaca la garantía de una corriente de agua en el río Xingú que sea suficiente para garantizar la supervivencia de los ecosistemas y de los modos de vida de las poblaciones que viven en la región.
La posibilidad de una sequía en la llamada vuelta grande del río, un trecho del Xingú en forma de semicírculo, es el mayor temor de los grupos de indios, biólogos y ecologistas que critican el proyecto.
Otra exigencia, según el comunicado del Ibama, es la implantación de programas de salud, educación, saneamiento y seguridad pública prometidos por el consorcio en un acuerdo con las alcaldías de la región.
El consorcio también se comprometió a cooperar con el Ibama en proyectos para mejorar la fiscalización ambiental en la región y combatir la tala ilegal y el tráfico de animales silvestres.
Igualmente prometió invertir 100 millones de reales (43 millones de euros) en proyectos de conservación de la cuenca del Xingú como "compensación ambiental".
RTVE.es / AGENCIAS 01.06.2011 - 18:22h