La alta representante de la UE, Catherine Ashton, y la comisaria europea de Ayuda al Desarrollo, Andris Piebalgs, han manifestado hoy su "profunda indignación y consternación por los ataques y violaciones en masa perpetrados  [a 179 mujeres] por las Fuerzas Demócratas de Liberación de Ruanda (FDLR) y los grupos armados congoleños Mai-Mai de la provincia de Kivu Norte". La ONG Amnistía Internacional ha denunciado que la violencia sexual está generalizada en la República Democrática del Congo entre todas las partes en el conflicto, incluidas las fuerzas gubernamentales que reciben el respaldo de la ONU.  
"Estos eventos dejan en evidencia una vez más una estrategia caracterizada por un método criminal sistematizado y la utilización de la violencia sexual como verdaderas armas de guerra", han subrayado Ashton y Piebalgs. Entre dos y seis hombres, en cada caso, violaron a las mujeres de 13 poblaciones -en principio se habló solo de la aldea Bunangiri-, entre el 30 de julio y el 2 de agosto, cuando la zona fue asediada por grupos rebeldes. Lo hicieron delante de sus maridos e hijos, según la ONG Internacional Medical Corps (IMC), que ha atendido a las víctimas en el terreno.    
Las representantes de la diplomacia europea han pedido al Gobierno de Kinshasa "que haga el máximo esfuerzo posible para asegurar la protección de la población y el fin de la impunidad". Solicitan también a la ONU y a la comunidad internacional que "refuercen su compromiso con las autoridades congoleñas para conseguir la consolidación de la autoridad del estado y sobre todo, la seguridad de la región".    
La ONU, que ha recibido fuertes críticas por no haber impedido las agresiones , ha enviado una delegación a la zona donde se han cometido las violaciones para investigar los hechos y evaluar qué medidas se pueden tomar para asegurar una protección más efectiva de la población civil. Altul Khare, subsecretario general para las Operaciones de Paz, y Margot Wälstrom, representante especial para violencia sexual, encabezan la misión.    
Amnistía Internacional ha pedido a la RDC que haga todo lo posible para prestar de inmediato atención médica y psicológica a las víctimas, a los testigos y a las comunidades. Ha declarado además que deben examinarse los fallos del Gobierno y de la ONU para responder a las atrocidades que ha sufrido la población civil e impedir que vuelvan a cometerse.  
EL PAÍS - Madrid - 27/08/2010  
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