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storaensoURUGUAY: REPUDIO Y ALERTA POR MONTES DEL PLATA
"Nos siguen vendiendo espejitos de colores".
Esta frase tan usada no es por eso menos adecuada para esta situación. Mucho se promocionan los montos millonarios de inversión y la “seriedad” de las empresas suecas y finlandesas y nada se dice de los costos que todos los uruguayos estamos afrontando (entre ellos pago de subsidios, impuestos no cobrados, reparación de carreteras) para que esto sea posible.

Este miércoles 25 de mayo se inauguran las obras de la fábrica de celulosa de la empresa Montes del Plata en Conchillas sin que la empresa haya difundido aun el estudio del impacto social que provocará su instalación en la zona, el cual le había sido exigido por DINAMA.
A esto se agrega que en estos días se conoció parte del contenido del contrato secreto firmado por Montes del Plata y el gobierno uruguayo. Bajo el cálido texto “las partes harán los mejores esfuerzos para encontrar soluciones…” se esconden horas y horas de reuniones de la empresa con representantes del gobierno nacional. Ejerciendo presiones y prometiendo montos millonarios de inversión, la empresa impone --además de una serie de beneficios para sí-- que los acuerdos alcanzados en el contrato de inversión no sean conocidos por la población (ver artículo adjunto).
El grupo Guayubira manifiesta su profundo repudio por los manejos y presiones de una empresa extranjera en nuestro país y alerta frente a este tipo de negociaciones que condiciona las posibilidades de participación de la sociedad nacional y la soberanía de nuestra nación.
Montevideo, 24 de mayo de 2011

El contrato secreto de inversión entre el Gobierno y Montes del Plata
El jueves 12/05/2011 el Semanario BUSQUEDA publicó un extracto del contrato de inversión suscrito entre el Poder Ejecutivo y la empresa Montes del Plata (consorcio Stora Enso – Arauco), firmado el 18 de enero pasado, donde se establecen los términos y condiciones que le asegura el país a la empresa para que lleve a cabo la inversión del megaproyecto de planta de celulosa en Punta Pereira, en la localidad de Conchillas del departamento de Colonia (1).
Copia de ese contrato había sido solicitada por el Ministerio Público – fiscal Enrique Viana – pero se le negó el acceso alegando que el contrato incluía una cláusula de “confidencialidad” donde ambas partes se obligaban a no divulgar información relacionada con dicho convenio. El Fiscal considera que estas negociaciones secretas del Poder Ejecutivo atentan contra lo que es un asunto de interés general o público de acuerdo a lo previsto en la Constitución de la República ; contra las previsiones del marco jurídico ambiental; contra la ley de libre acceso a la información pública por parte de la ciudadanía y contra la transparencia democrática (2).
La chancha y los cuatro reales
Mediante un contrato leonino Montes del Plata se aseguró un conjunto de condiciones productivas y económicas para toda su vida útil, al cual ningún empresario nacional hubiera soñado acceder para su negocio. Esta bendición inicial del Poder Ejecutivo opera, además, como un pase libre para las sucesivas instancias que deben recorrer proyectos de esta magnitud. Algunos puntos claves se sintetizan a continuación.
1. Beneficios tributarios de todos los colores . El proyecto –en su ubicación industrial y puerto- operará bajo el régimen de zona franca recargada , y por si fuera poco, es promovido con los beneficios que determina la ley de inversiones. Las plantaciones y las faenas asociadas de manejo, cosecha y transportes, reciben todos los beneficios de la ley forestal vigente.
“En cuanto a la zona franca en que operará Montes del Plata, el documento indica que la empresa podrá solicitar la ampliación de la superficie del enclave en caso de que en el futuro el emprendimiento celulósico aumente su capacidad de producción o incorpore industrias conexas. La extensión de la zona franca será hasta un área máxima del doble de la superficie ya otorgada ( 361 hectáreas )”. Por si fuera poco, “el Poder Ejecutivo se comprometió a autorizar a esa empresa, como usuaria de la zona franca, a emplear un porcentaje mayor de personal extranjero” que según la Ley de Zonas Francas es de hasta un máximo del 25% de la plantilla.
2. Rentabilidad blindada para siempre . “Si hubiera cambios significativos en el régimen tributario o en materia de permisos y autorizaciones que afectaran negativamente las condiciones económicas del proyecto de Montes del Plata , el gobierno y esa empresa revisarán los beneficios especiales que se otorguen en el marco de la ley de inversiones para compensar' los eventuales perjuicios.”
La empresa concesionaria de la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo (la belga Katoen Natie) ya mostró la reacción de estos inversores al menor evento que afecte las condiciones de rentabilidad, sea por una acción directa del Gobierno (régimen tributario o similares), o simplemente por permitir actuar a otros agentes que compitan con sus productos, por sus materias primas, o que encarezcan servicios industriales básicos.
3. El Gobierno reclasificará los suelos – de acuerdo a la conveniencia de la empresa – para incrementar sus ganancias. El Gobierno y Montes del Plata acordaron hacer los “mejores esfuerzos para lograr una superficie forestable de 100.000 hectáreas de con posibilidad de ser plantadas dentro del radio de 200 kilómetros de la futura fábrica”. “Las partes acordaron la necesidad de ir sustituyendo las plantaciones más alejadas de la planta por otras ubicadas en un radio máximo de 200 kilómetros de Punta Pereira”.
“En el contrato se señala que la Dirección de Recursos Naturales Renovables (RENARE) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) inició un estudio que permitirá el enriquecimiento de la cartografía de suelos y una subdivisión de los categorizados como 5.02b”. “De ese estudio debería surgir una cantidad de suelos recategorizados, suficiente para las necesidades del proyecto, según el documento. Y adelanta que en caso que así no fuera, las partes harán los mejores esfuerzos para encontrar soluciones alternativas para lograr una superficie forestable de 100.000 hectáreas , con posibilidad de ser plantadas dentro del radio de 200 kilómetros de Punta Pereira”.
“El estudio o las soluciones alternativas deberán completarse en no más de tres años, sin perjuicio de ir consensuando soluciones parciales a partir de la decisión definitiva de implementar el proyecto, establece. Mientras no concluya la recategorización de suelos por parte de la RENARE (MGAP), el gobierno asumió la responsabilidad de que los suelos 5.02b que cuenten con características para ser considerados de prioridad forestal, serán considerados suelos condicionados y deberán contar con la aprobación de esa dependencia. Para cumplir con los planes de plantación de árboles el gobierno acordó emitir resolución respecto de los proyectos de esa compañía en un plazo máximo de cuatro meses, en el caso de los suelos de prioridad forestal o condicionados, y de seis meses para los que no son de prioridad forestal”.
Hasta ahora no se había logrado por parte del movimiento ambiental y por sectores académicos, que el Poder Ejecutivo revisara la definición y extensión de los suelos de aptitud forestal por argumentos de interés público, como otros criterios técnicos adicionales al tipo de suelos que se habían utilizado tradicionalmente, incluyendo características del ecosistema y de los otros recursos naturales, sus relaciones con el ciclo hidrológico, etc. Pero, por los intereses de una empresa – que ya maneja más de 200.000 hectáreas en propiedad y otras formas de tenencia – rápidamente se pone a trabajar al MGAP, y se obliga a plazos terminantes para cumplir el condicionamiento establecido.
Guayubira ya había señalado en un comunicado de noviembre de 2010 declaraciones del Intendente coloniense Walter Zimmer, quien había afirmado que “es un asesinato forestar en esta parte del país”, y remarcó en esa ocasión que “el presidente está totalmente de acuerdo con que no se foreste en Colonia”. También había agregado, “es arruinar el departamento donde somos productores de alimentos y además tenemos una reserva de agua muy importante y acá lo que va a faltar en el futuro son alimentos y agua” (4).
También en ese comunicado se adelantaba que “Montes del Plata estaría presionando al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para que reclasifique los suelos de Colonia y ‘encuentre' 100.000 hectáreas de prioridad forestal. En ese sentido, estarían apuntando a un grupo de suelos (5.02.b), que son los que están en la parte alta del paisaje, bastante superficiales, pero que han sido históricamente incorporados a la producción lechera, agrícola y ganadera del departamento”.
En este capítulo del memorándum se derivan entonces dos aspectos: se amplía la extensión nacional de suelos categorizados de aptitud forestal a solicitud de una empresa, y no se toman en cuenta las perspectivas de la población local y su gobierno, en aras de mejorar – aún más – la rentabilidad del megaproyecto.
4. ¿Zafando de la ley de seguridad fronteriza?... En el contrato se establece “realizar un análisis de los eventuales impactos del proyecto de ley de seguridad fronteriza y en caso que dicha norma establezca restricciones a la actividad de esa empresa, ambas partes buscarán en forma conjunta las alternativas que permitan evitar perjuicios a ese proyecto de inversión". Esa iniciativa, enviada al Parlamento durante el anterior período de Gobierno, propone fijar una franja de 20 kilómetros de distancia de las fronteras seca y fluvial del país con los países vecinos, en la que los propietarios de los campos no podrán ser ciudadanos extranjeros.
5. …¿y del Instituto de Colonización? “ El Gobierno asumió además el compromiso de que el Instituto de Colonización no ejercerá la opción de compra de las tierras que serán transferidas por las empresas Eufores y El Esparragal – vinculadas a Ence – a Montes del Plata, en la medida que se manejen ‘valores de mercado', según el documento”.
6. Una ley a medida. El mes pasado, el MGAP autorizó a El Esparragal sociedad anónima a ser titular del derecho de propiedad de inmuebles rurales, una excepción más a favor de las sociedades anónimas pertenecientes a la empresa. El texto de la Ley de Sociedades Anónimas, cuyo espíritu fue dar respuesta a las preocupaciones por la concentración de tierras en manos de empresas extranjeras, ya incluye la excepción a favor de este tipo de empresas. Y, por si no fuera suficiente, “el gobierno se comprometió a exonerar del Impuesto al Patrimonio aplicable a las explotaciones agropecuarias de sociedades vinculadas a esa empresa, cuyos accionistas son personas jurídicas autorizadas expresamente a ser tenedoras de inmuebles rurales, otorgándole el mismo tratamiento que a las sociedades cuyos accionistas son personas físicas. Según el contrato, el gobierno aceptará como válidas esas autorizaciones para las compras futuras de tierras necesarias para el proyecto de Montes del Plata”.
En definitiva, este contrato de inversión, firmado por un funcionario representante del Poder Ejecutivo, que no cuenta con la firma de un solo ministro, que tampoco fue tratado exhaustivamente en el Gabinete de Ministros, que es de carácter secreto, establece beneficios económicos excepcionales y notables para una inversión transnacional, a los que no acceden los empresarios nacionales. Asegura demás que a futuro se compensará a la empresa ante “ cambios significativos en el régimen tributario o en materia de permisos y autorizaciones que afectaran negativamente las condiciones económicas del proyecto”. Este contrato secreto define el curso de la utilización de los recursos naturales del país, de su ordenamiento territorial, de su medio ambiente, en fin, el curso del desarrollo nacional, condicionando las posibilidades de intervención de la sociedad nacional y la acción soberana de la nación por un muy largo período.
Grupo Guayubira
17 de mayo de 2010.

(1) las citas entre comillas son extractos del artículo “ Si cambia reglas, el Ejecutivo compensará a Montes del Plata ” publicado por el semanario Búsqueda, los textos entre paréntesis rectos son agregados de los autores para mejorar la comprensión.
Ver artículo completo en http://www.guayubira.org.uy/celulosa/contratoMontesdelPlata.pdf
(2) ver texto completo del escrito presentado por del Fiscal Viana en http://www.guayubira.org.uy/celulosa/MontesdelPlata-abril2011.pdf
(3) ver artículo “ Montes del Plata avanza sobre Colonia – La fábrica de celulosa no viene sola ”  http://www.guayubira.org.uy/2010/11/montes-del-plata-avanza-sobre-colonia-la-fabrica-de-celulosa-no-viene-sola/

Uruguay: Contratos de inversión extranjera. Transparencia de la intransparencia
La firma en ceremonia pública de un contrato de inversión entre el gobierno uruguayo y la empresa internacional Montes del Plata fue sólo la fachada de un compromiso que pretende sustraerse del dominio ciudadano pero, de confirmarse los trascendidos en la prensa, estaríamos ante una renuncia sin precedentes de la soberanía del país, así como de sus normas de protección social y ambiental.

El 18 de enero pasado, fue firmado el contrato de inversión entre el gobierno uruguayo y la empresa Montes del Plata, una asociación del grupo sueco Stora Enso y el chileno Arauco, para la construcción y operación de una planta de producción de celulosa en el departamento de Colonia. El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, puso la firma en nombre del gobierno y explicó a la prensa el motivo de la ceremonia.
Breccia dijo que "se llegó a este acuerdo luego de un largo proceso de negociación que llevó nueve meses" y explicó "que este tipo de emprendimientos requiere una normativa especial". Agregó que "se tomaron todos los recaudos" para garantizar el cuidado del medio ambiente y la calidad de vida de los uruguayos. Por último, destacó que el hecho ratificaba "la política del gobierno en materia de inversiones extranjeras".
Tan calificado esfuerzo y loables fines justificaban, sin duda, la ceremonia y el festejo, con la condición de que la población pudiera conocer el contenido del contrato. Pero he aquí que, pese a los esfuerzos de algunos ciudadanos -tales como el fiscal Enrique Viana y el periodista firmante de esta nota-, ni a través de la Justicia ni de una solicitud legal de acceso a la información pública es posible ver el documento.
"Deniégase (...) el acceso a la información relativa al contrato firmado el 18 de enero de 2011 entre el gobierno uruguayo y las empresas Eufores S.A., Stora Enso Uruguay S.A., Forestal Conosur S.A., El Asparragal Asociación Agraria de Responsabilidad Limitada, Zona Franca Punta Pereira S.A., Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. y Terminal Logística e Industrial de M'Bopicuá S.A., todas ellas identificadas como "Montes del Plata", en razón del carácter confidencial del referido contrato", reza la resolución firmada por el presidente José Mujica y ocho ministros.
Viana recibió la misma respuesta. Veremos a continuación cuáles son los fundamentos de esa resolución y las implicaciones para el fiscal de tal procedimiento. Paralelamente, el semanario Búsqueda publicó el 12 de mayo último, reservándose sus fuentes, unos fragmentos del referido documento. Dada la importancia de las citas y que esa versión no ha sido desmentida, incluiremos una valoración de su contenido.
La ley y la trampa
La negación del acceso al contrato se fundamenta en un artículo de la Ley Nº 18.831 de Derecho de Acceso a la Información Pública, en nombre de la cual se hizo la solicitud. El artículo 8 de esta ley establece que "Las excepciones a la información pública serán de interpretación estricta y comprenderán aquellas definidas como secretas por la ley y las que se definan seguidamente como de carácter reservado y confidencial".
Hasta aquí puede parecer razonable la reserva, pero cuando se va a la definición de lo que se debe considerar información confidencial, el artículo 10, establece:
"I) Aquella entregada en tal carácter a los sujetos obligados, siempre que:
A) Refiera al patrimonio de la persona.
B) Comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos a una persona física o jurídica, que pudiera ser útil para un competidor.
C) Esté amparada por una cláusula contractual de confidencialidad.
II) Los datos personales que requieran previo consentimiento informado."
El dicho popular 'hecha la ley, hecha la trampa' advierte a la sociedad sobre la necesidad de vigilar a los tramposos. Pero aquí la trampa está en la misma ley que, por una parte, se propone "promover la transparencia de la función administrativa de todo organismo público, sea o no estatal, y garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública" y, por la otra, posee un mecanismo que la anula.
En efecto, el amparo por una cláusula de confidencialidad del inciso C queda en manos de los firmantes del contrato y, como se ve por los otros incisos, no se trata de defender un patrimonio o los datos de una persona ni el secreto comercial. Se trata simplemente de salvaguardar un secreto que las partes se reservan por si y ante sí, vedando en ese mismo acto todo control externo. Es decir, legitima la posible arbitrariedad.
Así nos enteramos que el numeral 5º del contrato entre el gobierno y Montes del Plata estableció que "se consideraban confidenciales, tanto el contenido del convenio, como todas las informaciones adicionales presentadas por el co-contratante" y que las partes firmantes "se obligaron a no divulgar ni total, ni parcialmente, ninguna información que se relacione con dicho convenio, salvo de común acuerdo expreso".
Por lo tanto, debemos creer que el señor Breccia, el presidente y los ministros firmantes consiguieron salvaguardar nuestros intereses tras una ardua negociación con la empresa de marras. Los uruguayos deberíamos agradecer y dar loas al Señor, sin preocuparnos por el procedimiento tan poco republicano o democrático. Lamentablemente, algunos espíritus incrédulos y las indiscreciones públicas no nos lo permiten.
Legalidad del contrato
En una nueva acción ante la Justicia, el fiscal Enrique Viana afirma que, con la negativa de acceso a la información solicitada, "se hace evidente la antijuridicidad del contrato de inversión en cuestión; ilicitud, que explica su aducida confidencialidad; secretismo, significativamente demostrativo de opacidad por actuaciones que lesionan los conceptos de Soberanía y de República y el principio de igualdad ante la ley".
De acuerdo con la información de la Presidencia, en dicho contrato se define el marco legal aplicable al proyecto de inversión, el plazo para su presentación, las obligaciones de las partes, las eventuales contrapartidas especiales, el plazo para su cumplimiento y el alcance de los beneficios especiales a otorgar. Para el fiscal, estos contratos son contrarios al orden constitucional y, por lo tanto, ilícitos y nulos.
Viana fundamenta su afirmación en que "en el derecho constitucional contemporáneo "nadie" -ni particulares, ni órganos de poder- pueden hacer prevalecer su voluntad contraria al orden público. La constitución -el "derecho de la constitución"- es "derecho" público, y es de orden público, todo lo cual significó en la concepción romanista, derecho imperativo y forzoso, no dispensable ni derogable por nadie".
Para el fiscal, la inconstitucionalidad deviene del intento de establecer una norma por encima del orden público ambiental estampado en la Ley Fundamental. Y agrega que "toda actuación funcional que se sumerja por debajo de los umbrales de tutela jurídica ambiental, que se ha dado la Nación, es repudiable, deviene antijurídica" y habilita al Ministerio Público y a la Justicia a actuar para restaurar el orden público.
En la medida que la Constitución uruguaya asigna a la Administración Pública el deber fundamental de protección del medio ambiente, el Poder Ejecutivo no puede ser juez y parte frente a Montes del Plata, como se convierte al firmar un acuerdo con la empresa responsable del emprendimiento, reforzado por el secreto del mismo, que lo inhibe aún más para ejercer la imparcialidad u objetividad necesaria para fiscalizarla.
Estos contratos, afirma Viana, son "un sucedáneo de los Tratados de Inversión, que, de por sí, habilitan la renuncia de Soberanía y la cesión de la jurisdicción y de la potestad normativa, para
el otorgamiento de estatutos de privilegio o de islas normativas" en favor de empresas trasnacionales, contrariando el principio de igualdad de las personas ante la ley y vulnerando los conceptos de República y de Estado independiente.
Implicaciones múltiples
La intransparencia del procedimiento utilizado y la ausencia de un desmentido oficial de lo trascendido públicamente en torno a un tema de esta envergadura, habilitan a plantear adicionalmente -es decir, más allá de los cuestionamientos jurídicos ya referidos- las mayores interrogantes que se abren ante un acto justificado por el fin de "dar certeza y previsibilidad" a la política del gobierno en materia de inversiones extranjeras.
La primera que surge y se refuerza con la revelación de Búsqueda, nada inocente y con todo derecho, es que ninguna empresa extranjera que venga a instalarse o se encuentre en el país va a aceptar beneficios inferiores. Con mucho más derecho aún, tampoco se justificaría dejar al margen de esta "normativa" a las empresas nacionales. Si no fuera así, ¿adónde quedaría la mentada equidad y seguridad jurídica del Uruguay?
Con respecto a las fuentes de trabajo que justifican habitualmente a estas inversiones, la segunda interrogante es cuál será la posición de las organizaciones sindicales ante unas cláusulas que violarían derechos establecidos por ley, tales como el porcentaje de mano de obra nacional en zonas francas, así como las reiteradas referencias a medidas para garantizar las condiciones económicas o de rentabilidad del emprendimiento.
En este sentido, las disposiciones del contrato de inversión irían más lejos aún de las contenidas, por ejemplo, en el Tratado de Inversiones firmado con Finlandia en 2002, donde el artículo 6 referido a la Compensación por Pérdidas de la inversión incluyó aquellas ocasionadas "por causa de guerra u otros conflictos armados, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o manifestaciones" (sic).
En este nuevo acuerdo, el medio ambiente sigue siendo invocado con frases elocuentes, que se desvirtuarían de inmediato con los compromisos asumidos por el gobierno para garantizar la rentabilidad de la inversión. Citando al fiscal Viana, sería "una asociación, no clandestina, y por dicha razón, sólo en apariencia legítima, pero absolutamente contraria al deber fundamental de protección del medio ambiente".
Recuadro: La Chancha y los Cuatro Reales
Así titula el Grupo Guayubira un análisis de los comentarios de Búsqueda y de las citas textuales atribuidas al documento confidencial, del cual presentamos un resumen:
1. Beneficios tributarios. La planta industrial y el puerto operarán bajo el régimen de zona franca y con los beneficios de la ley de inversiones. Además, las plantaciones y faenas asociadas de manejo, cosecha y transporte, reciben todos los beneficios de la ley forestal vigente. En cuanto a la zona franca, según el documento, la empresa podría solicitar la ampliación de la superficie para aumentar su capacidad de producción o incorporar industrias conexas, hasta el doble de la superficie otorgada (361 hectáreas). Por si fuera poco, dice Guayubira, el Poder Ejecutivo se comprometió a autorizar a Montes del Plata a emplear un porcentaje mayor de personal extranjero que, según la Ley de Zonas Francas, es de hasta un máximo del 25% de la plantilla.
2. Rentabilidad blindada. Si hubiera "cambios significativos en el régimen tributario o en materia de permisos y autorizaciones que afectaran negativamente las condiciones económicas del proyecto", el gobierno y la empresa "revisarán los beneficios especiales que se otorguen en el marco de la ley de inversiones para compensar" los eventuales perjuicios. (Con comillas las que serían citas textuales del contrato.)
3. Reclasificación de suelos. De acuerdo con Búsqueda, el gobierno y Montes del Plata acordaron hacer los “los mejores esfuerzos para encontrar soluciones alternativas para lograr una superficie forestable de 100.000 hectáreas, con posibilidad de ser plantadas dentro del radio de 200 kilómetros de Punta Pereira”. Entre tales esfuerzos se menciona un estudio de la Dirección de Recursos Naturales Renovables (RENARE) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) "que permitirá el enriquecimiento de la cartografía de suelos y una subdivisión de los categorizados como 5.02b”.
"Hasta ahora no se había logrado por parte del movimiento ambiental y por sectores académicos -afirma el Grupo Guayubira-, que el Poder Ejecutivo revisara la definición y extensión de los suelos de aptitud forestal por argumentos de interés público, como otros criterios técnicos adicionales al tipo de suelos que se habían utilizado tradicionalmente, incluyendo características del ecosistema y de los otros recursos naturales, sus relaciones con el ciclo hidrológico, etc. Pero, por los intereses de una empresa –que ya maneja más de 200.000 hectáreas en propiedad y otras formas de tenencia– rápidamente se pone a trabajar al MGAP, y se obliga a plazos terminantes para cumplir el condicionamiento establecido."
De este capítulo se derivaría el compromiso de ampliar, a solicitud de la empresa, los suelos categorizados de aptitud forestal, sin tomar en cuenta a la población local y su gobierno. El Intendente de Colonia, Walter Zimmer, que había dicho "es un asesinato forestar en esta parte del país”, el 18 de enero se mostró feliz.
4. La ley de seguridad fronteriza. El contrato establecería asimismo la realización de "un análisis de los eventuales impactos del proyecto de ley de seguridad fronteriza y en caso que dicha norma establezca restricciones a la actividad de esa empresa, ambas partes buscarán en forma conjunta las alternativas que permitan evitar perjuicios a ese proyecto de inversión". Esa iniciativa propone fijar una franja de 20 kilómetros de distancia de las fronteras seca y fluvial del país con los países vecinos, en la que los propietarios de los campos no podrán ser ciudadanos extranjeros.
5. El Instituto de Colonización. El gobierno habría asumido además el compromiso de que el Instituto de Colonización no ejercerá la opción de compra de las tierras que serán transferidas por las empresas Eufores y El Esparragal –vinculadas a Ence– a Montes del Plata, en la medida que se manejen ‘valores de mercado’.
6. Más beneficios aún. El MGAP había autorizado a El Esparragal S.A. a ser titular del derecho de propiedad de inmuebles rurales. Por el contrato de inversión, el gobierno se habría comprometido ahora a exonerar del Impuesto al Patrimonio a las explotaciones agropecuarias de sociedades vinculadas a esa empresa, cuyos accionistas son personas jurídicas autorizadas expresamente a ser tenedoras de inmuebles rurales, otorgándole el mismo tratamiento que a las sociedades cuyos accionistas son personas físicas. Según la versión de Búsqueda, "el gobierno aceptará como válidas esas autorizaciones para las compras futuras de tierras necesarias para el proyecto de Montes del Plata”  www.ecoportal.net

Víctor L. Bacchetta – Uruguay
                                                                                             Barra de Valizas, 31 de mayo de 2011
Sr. Presidente del pueblo uruguayo:
Nosotros, representantes del cabildo popular de Barra de Valizas hacemos a través de este medio, uso de nuestro derecho a réplica en respuesta a las declaraciones emitidas por ud, el pasado 27 de mayo, en cuyo discurso se nos alude directamente.
Nos reunimos hoy, en este lugar, movidos por la sorpresa y la indignación pero sobre todo movidos por nuestra necesidad de luchar a favor de la libertad, y de otra visión de país; bastante diferente de la que en este momento se plantea y lleva adelante por nuestros servidores públicos.
Sorpresa es habernos enterado del proyecto de ley que pretende privatizar el patrimonio del estado, sorpresa es darnos cuenta cuan mal informados están los de allá arriba de la realidad de los de la base de la estructura
Sorpresa e indignación fue haberlo escuchado a usted, presidente, allá por Melo, mandándose un discurso de lo más gracioso, acerca de ecologistas  y del pobrerío de los arenales de la costa atlántica.
Le paso a explicar algunos detalles de su discurso, que están completamente y repito, COMPLETAMENTE equivocados.
Allá lejos, aquellos arenales de la costa atlántica forman para que lo sepa, el Parque Nacional de Cabo Polonio, que hace escasísimos 2 años fue creado y publicitado con bombos y platillos a nivel mundial, por un gobierno del cual ud formaba parte. Forma parte del sistema nacional de áreas protegidas,  y si, sabemos que un área protegida es compatible con privados, pero está claro que si los terrenos del área protegida son propiedad del estado… no debería existir una mejor garantía para su conservación. Usted dice: “… no sirven para ganadería, no sirven para agricultura…”, muy bien, ¡Vaya novedad! Claro que no sirven para eso! Si son arenales!!!!
Ahí usted revela señor presidente, un modelo de Uruguay Productivo que pertenece a otro paradigma de productividad, un paradigma pasado...pasado.
Productivo ya no solo significan, vacas y cultivos… Si se queda en esa… Suceden estas cosas en donde podemos verlo ciego a apreciar todo lo que significan estos arenales para los que vivimos y disfrutamos en este lugar. TODO, lo que produce esta zona no se mide en cantidad de vacas.
Pensamos que usted entregó allá en Melo 800 has. Para 2 grupos de 5 colonos y acá tenemos 2000 has. para 250 grupos de al menos 3 colonos turísticos por grupo, por familia. Haga números; deje contentos a 10 y descontentos a 750 y vea donde lo lleva la ecuación.
Luego usted continúa y dice “…qué vengan turistas, que hagan su casa, y que el pobrerío les arregle el jardín y les cuide la casa…” respecto a eso 2 cositas: en el área protegida, por ley, no se puede clavar ni un palo. Y 2 … ¿de dónde sacó usted que arreglar jardincitos e irla llevando es lo que queremos para nosotros y para nuestros hijos?!. Linda imagen del Uruguay productivo nos presentó: con ejércitos de jardineros, mucamas y mayordomos para limpiarle el culo a los ricos!
Tenemos otra noticia: usted hace referencia a que han logrado pasar esto al Instituto de Colonización, y nosotros le recordamos que... Eso es un proyecto de ley que aún no ha sido aprobado por el parlamento, y de paso le decimos que, ver firmado ese proyecto de ley por TODOS sus ministros revela que visión tiene el gobierno respecto del cuidado de su patrimonio, y también revela la calidad de asesoramiento que tiene usted, señor presidente, de todo su equipo. ¿No ha habido ninguno de su equipo que le haya dicho que están por cometer una locura de las malas?.
Luego en su discurso usted dice… “Aparece un movimiento ecologista que dice: que No! Que cómo vas a privatizar eso!”. Nuevamente mal informado, no somos un grupo de ecologistas, señor presidente, nuestra bandera es otra que sí incluye la ecología, pero sabe? Somos mucho más que eso: somos el cabildo de Barra de Valizas y en este corto tiempo nuestra causa ha recibido el apoyo de los cabildos de otros pueblos vecinos y de muchas organizaciones sociales, e incluso usted no se enteró que el comité de base dirigido por la mesa política del FA de nuestra vecina ciudad de Castillos se pronunció por unanimidad en contra de la privatización? Entonces le decimos a usted: “No! Como vas a privatizar eso?” y ahí está su respuesta que condensa cuantos años de lucha, de sueños, de ideales, de muertes de horror… una cantidad de años para que usted, si! Justamente usted diga con tanto énfasis: ¡Pero claro que vamos a privatizar!.
Para colmo, después agrega, “…que los que tengan “lana” paguen, y podamos comprar tierras para nuestros colonos…” Usted ya debería saber, señor presidente cuantas atrocidades se han cometido con una “buena causa” como bandera. Guerras santas, inquisición, conquista de América, exterminio indígena en Uruguay y más recientemente la guerra contra el terrorismo llevada adelante por los presidentes de EEUU y sus socios. ¿Qué los diferencia a ellos de usted con esa bandera que está levantando por el Instituto de colonización? Nosotros apoyamos a los colonos, esto tiene que quedar clarísimo, lo que no queremos, es que se desvista a un santo para vestir a otro. Además, señor presidente, esa estrategia de ponernos en contra de los colonos, como opuestos incompatibles... Vamos! Es el clásico divide y reinarás. No se va por ahí, señor presidente.
Pero este discurso suyo siguió y recuerdo esa parte donde dice  “… y me llegaron a decir que van a pescar por ahí y veo a los venados atrás” de esto tenemos también un par de cosas que decir: 1) utiliza usted un tono tan despectivo que aborrecemos y nos preguntamos si cuando usted estaba en la lucha, y le hablaban desde el poder usando ese discurso… ¿como se sentía? (aquí me viene a la mente la “Pedagogía del oprimido” del célebre Paulo Freire, cuando dice que los oprimidos cuando llegan al poder… Se vuelven opresores) Como dijo alguien por acá: “se ha convertido en una macabra negación de sí mismo”. Y 2) eso de ir a pescar con los venados corriendo por ahí, es uno de los valores que queremos mantener para el disfrute de todos los uruguayos. TODOS eh? Libres en ese lugar.
Y termina diciendo que le dan ganas de llorar, no sabe cuántas lágrimas de indignación y decepción generó con ese discurso, muchas y de muchos. A nosotros nos da vergüenza ajena, la verdad!.
Una cosa cierta sin embargo hubo en su discurso, luego de esas pausas en donde toma aire para decir algo trascendental, usted dijo que “lo único permanente es el cambio” y que “no hay que tenerle miedo al cambio”, le tenemos una noticia más lo que usted quiere hacer no es un cambio, eso ya está hecho en muchos lados y tiene nombre bien conocido: se llama PRIVATIZACIÓN (le suena de alguna lucha antes de llegar al poder?) No es lo que queremos, ni cerca!, y no somos sólo nosotros, que eso quede claro.
Cambie para bien presidente, anímese a cambiar y no siga siendo un servidor de los ricos y poderosos, ni pretenda convertirnos en esclavitos.
Ultima noticia: Riqueza es eso que tenemos ahí natural y del pueblo como es y el poder no está allá afuera, el poder está en nosotros y  se lo prestamos, señor presidente, hasta el final del partido.
Salú!
Cabildo Abierto de Barra de Valizas 

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