El vil asesinato del periodista Pablo Medina, primero, y el enfrentamiento de elementos vinculados al narcotráfico, que derivó en la masacre de Magdaleno Silva y un grupo de allegados, ahora, ponen de manifiesto en toda su real dimensión el alto grado de infiltración del crimen organizado en las estructuras institucionales de la República. En este sentido, los políticos en general y los colorados en particular no deben perder de vista que el verdadero enemigo a derrotar es ese fenómeno delincuencial que peligra la viabilidad del propio Estado paraguayo. En vez de desgastarse en reyertas internistas, deben apuntar a evitar la total mexicanización del país.
El trágico episodio registrado el pasado martes en Yby Yaú lleva a la ciudadanía a formularse la legítima pregunta acerca de si una parte importante del Norte del país, que incluye regiones enteras de los departamentos de Concepción, Ambambay y Canindeyú, no se encuentran ya bajo el completo dominio de grupos marginales, mafias de narcotraficantes y vándalos al servicio del crimen organizado transnacional. Si la respuesta fuera afirmativa, no estamos en presencia de una situación que antes podía ser catalogada como territorios en los que el Estado se encontraba ausente, sino de amplias superficies en las que la acción de este ha sido directamente sustituida por fuerzas irregulares.
En este caso, el influjo de esas zonas hacia otros departamentos del país pone en peligro la viabilidad misma del Estado paraguayo. Según la definición formulada por J.J. Messner, codirector del Índice de Estados Fallidos, un país con esas características es "aquel que pierde control sobre su territorio o pierde el monopolio del uso legítimo de la fuerza física, o pierde legitimidad para tomar decisiones colectivas, o está inhabilitado para proveer servicios públicos básicos, o está inhabilitado para interactuar, de pleno derecho, con otros miembros de la comunidad internacional".
Ante la extrema gravedad del fenómeno analizado, que se acentúa incluso por la insidiosa acción del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el Norte del país, corresponde formular un llamado de atención a la clase política y a la dirigencia toda de la República.
La alarma es aún más válida para los líderes del Partido Colorado. No solo porque esta colectividad política es la que hoy por hoy se encuentra en función de Gobierno, sino por el hecho de que la profunda división existente en su interior arriesga la eficacia de las medidas políticas que necesariamente han de asumirse, ya sea para combatir el fenómeno del narcotráfico como para cortar los perversos tentáculos que este ha extendido en distintas esferas de la pirámide estatal, desde los gobiernos locales y regionales hasta el nacional.
La dirigencia política colorada no debe perder de vista en ningún momento que el verdadero enemigo a batir es la narcopolítica. En este sentido, no deben llamarse a confusión ni, sobre todo, intentar sumir al resto de sus seguidores en una lucha intestina cuyos efectos para la estabilidad y la gobernabilidad del país serán verdaderamente devastadores.
Ante este desolador panorama, el único dilema que enfrenta el Gobierno –entendido como la suma de los tres poderes– es reaccionar o extinguirse. Este es, pues, el momento de adoptar las medidas más drásticas posibles para evitar malograrnos como nación. Estéril será el discurso del Gobierno sobre la necesidad de captar inversiones extranjeras y constituirnos en un polo atractivo para hacer negocios si cuestiones estructurales básicas no son resueltas con antelación, sobre todo en lo que respecta a la gobernabilidad al interior del partido oficialista.
Es hora de actuar. En esa tarea de recuperación moral de la nación no ha de haber miramientos de ninguna laya acerca de cuáles son los costos que han de pagarse o quiénes son los que deben dar con sus huesos en la cárcel para que se pueda, de una vez por todas, sacar al país de las garras de la violencia y el colapso institucional en las que el narcotráfico pretende sumirlo.
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