El juez Rodrigo Capez (al fondo) dirigió la audiencia. En el centro de la mesa la fiscala Analicia Ortega, quien realizó las preguntas por el Ministerio Público. / ABC Color
18 de Mayo de 2015
DOS PROCESOS FUNDAMENTALES QUE INGRESAN EN EL MOMENTO DECISORIO
Por Osvaldo Cáceres Encina
Dos procesos que se le siguen a Vilmar Acosta Marques por el crimen del periodista de ABC Pablo Medina y de Antonia Almada entran en su fase final. Ambas situaciones van ligadas para que la justicia brasileña resuelva la extradición del exintendente de Ypejhú, requerido por la justicia paraguaya. Como un presagio de lo que podría ocurrir, “Neneco” en forma contradictoria advirtió que pediría asilo político al Brasil, porque en nuestro país lo matarían.
El juicio principal que tiene a Acosta como el principal procesado es el de extradición, que se tramita ante el Supremo Tribunal Federal.
El ministro relator asignado para este caso es José Antonio Dias Toffoli. El proceso es impulsado por la fiscalía general del Brasil.
El juez de Curuguaty, Carlos Martínez, requirió la extradición para que Neneco afronte un proceso por homicidio doloso, que tiene una expectativa de pena de 5 a 25 años de cárcel.
El pedido lo realizó el juez Martínez a instancias de los fiscales Sandra Quiñónez, Lorenzo Lezcano y Cristina Roig, quienes presentaron imputación en esta causa.
Acosta fue detenido el pasado 5 de marzo en Caarapó y luego conducido a la sede de la Policía Civil, en Naviraí. Estas ciudades son del Estado de Matto Grosso, Brasil.
Finalmente quedó recluido en la sede de la Policía Federal de Campo Grande.
El pasado 8 de mayo reapareció públicamente y por primera vez prestó declaración ante la justicia. En este caso fue ante el juez Rodrigo Capez, de la Justicia Federal de Campo Grande, quien fue asignado por el Supremo Tribunal para representar al ministro Dias Torffoli para la diligencia judicial.
La defensa de Vilmar, expuesta durante unos 45 minutos, se resumió en que no puede ser extraditado porque es brasileño, que en Paraguay es un perseguido político y que acá es hombre muerto.
Al cerrar la audiencia, el juez Capez emplazó por diez días a los abogados defensores Anderson Rodrigues y Hervitan Cristian Carulla para que presenten por escrito los alegatos de la defensa.
El siguiente paso será el de la Fiscalía General del Estado que deberá dictaminar en este caso.
A partir de allí estará allanado el camino para que el Supremo Tribunal Federal falle en el proceso de extradición.
Paralelamente se realiza un juicio que va ligado a este, que es el de la privación de eficacia de nacionalidad.
El juez de este caso es Guilherme Henrique Berto de Almada del juzgado de Sete Quedas y se discute la nacionalidad de Neneco, lo cual es fundamental para el juicio de extradición.
Ocurre que por ley Brasil no extradita a sus connacionales y eso explica la vehemencia con que Vilmar Acosta insiste en que es brasileño y niega su nacionalidad paraguaya, pese a que su nacimiento fue registrado en nuestro país en 1975.
El próximo 25 de mayo es una fecha clave para definir este proceso pues se realizará una audiencia clave.
La audiencia está prevista para las 13:30 y la llevará adelante el juez Berto de Almada, quien justamente el pasado 7 de marzo revocó la nacionalidad brasileña de Acosta Marques, resolución que fue clave para que Acosta siga privado de su libertad, en un momento en que se hablaba de su inminente libertad.
Vilmar Acosta Marques apeló ante el Tribunal Estadual de Mato Grosso y posteriormente ante el Tribunal Federal de Mato Grosso, pero la apelación fue denegada, en ambos casos, por defecto de forma.
Durante esta audiencia, el juez recibirá las pruebas documentales de las partes.
Así también recibirá hasta tres testimonios por parte durante la audiencia de producción de pruebas.
Al término de la audiencia se podría conocer la sentencia definitiva sobre este proceso.
En caso que el juez confirme a resolución se allanará aún más el camino a la extradición.
Caso contrario, si el juzgado resuelve que Neneco es brasileño, se complicará la extradición.
Prórroga para acusar a chofer
El Ministerio Público continúa realizando diligencias referentes a la investigación penal contra Vilmar Acosta Marques en torno al homicidio de Pablo Medina y de su acompañante Antonia Almada, ocurrido el 16 de octubre del año 2014 en Villa Ygatimí, Canindeyú.
Uno de los puntos de investigación se dirige hacia Arnaldo Cabrera López, imputado por complicidad en el crimen de Pablo Medina y Antonia Almada.
El teléfono de Cabrera fue utilizado por Vilmar Acosta para monitorear el atentado, según la investigación.
En ese sentido, el equipo investigador requirió la prórroga extraordinaria por el lapso de seis meses a fin de incluir en la carpeta fiscal más evidencia, específicamente en relación al imputado Arnaldo Cabrera López.
La ampliación fue solicitada al Tribunal de Apelación de Salto del Guairá por el equipo de investigadores conformado por los fiscales Sandra Quiñónez, Lorenzo Lezcano y Cristian Roig.
La solicitud conforme al criterio de objetividad del Ministerio Público obedece al trabajo minucioso y complejo que amerita la labor investigativa en este caso, atendiendo que el 9 de junio próximo cumple la fecha de presentación del requerimiento conclusivo.
Cabrera fue detenido el 8 de diciembre de 2014 por efectivos tácticos de la Policía Nacional en una zona boscosa del departamento de Canindeyú.
Cabrera se desempeñaba como chofer de Acosta Marques en el municipio de Ypejhú y fue sindicado como uno de los presuntos participantes en el homicidio doloso.
Además era considerado uno de los hombres de confianza de Vilmar Acosta Marques, conforme a las investigaciones.
En este caso siguen prófugos los presuntos autores materiales, Wilson Acosta Marques y Flavio Acosta, hermano y sobrino de Vilmar, respectivamente.
Un pedido de asilo político
Vilmar Acosta Marques habló de la posibilidad de pedir un asilo político, en una evidente contradicción con su postura sobre la nacionalidad.
Vilmar sostiene que es brasileño y a la vez pide el asilo político, que es una figura que la pueden requerir lo que son extranjeros y se sienten perseguidos por su país.
En su declaración se declaró colorado y habló de que las publicaciones en su contra tenían como origen el hecho de que Pablo Medina era liberal.
También dijo que para ratificar su nacionalidad paraguaya y llegar a la intendencia de Ypejhú contó con la ayuda de un abogado y un juez colorados, a quienes aseveró que no conocía.
Lo llamativo fue que señaló que en Paraguay lo matarían si es que lo extraditan. Sin embargo, no justificó el motivo de esa aseveración.
Una comitiva paraguaya integrada por representantes de la Cancillería y del Ministerio Público estuvo presente durante el desarrollo de la audiencia de Vilmar Acosta Marques, en el Juzgado Federal de Campo Grande. Brasil.
Durante la audiencia, que tuvo un tinte indagatorio, Acosta Marques fue informado sobre el pedido de extradición y de los hechos punibles por los cuales fue imputado ante la justicia paraguaya.
El fiscal de Asuntos Internacionales, Juan Emilio Oviedo, asistió a la diligencia de identificación en calidad de observador.
El juez Capez condujo el acto procesal en presencia del extraditable y de la fiscal representante del Ministerio Público Federal del Brasil Analicia Ortega y de la defensa técnica. Asimismo, estuvieron presentes el director de Asuntos Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Rubén Darío Ortiz; el ministro de la Embajada del Paraguay en Brasil, Osvaldo Ostertag; y el cónsul paraguayo en Campo Grande, Ángel Gill.
El Dr. Rubén Darío Romero, abogado de ABC Color, también estuvo presente en la diligencia judicial.
El fiscal Oviedo a su regreso presentó un informe pormenorizado del resultado de la audiencia de reconocimiento al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, y a la agente fiscal Sandra Quiñónez. También los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores elevaron un informe al canciller Eladio Loizaga.
Narcopolítica
Para la fiscalía no hay ninguna persecución política, sino que la investigación es producto de un homicidio ordenado por Acosta, por las publicaciones que lo relacionan con el tráfico de drogas.
“Se puede evidenciar la discrepancia existente entre la víctima Pablo Medina y el intendente de Ypejhú, Vilmar Acosta Marques, por las constantes publicaciones en las que el periodista sindicaba al intendente como supuesto nexo con el tráfico de drogas y la comisión de algunos hechos de homicidio en la zona de Villa Ygatimí y Ypejhú. A raíz de las publicaciones, Medina venía recibiendo amenazas de muerte de parte de Vilmar”, dice la imputación.
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