Periodistas se manifiestan por las calles de Asunción en repudio por el crimen de Pablo Medina y Antonia Almada. / ABC Color
Por Marcia Ferreira
16 de Octubre de 2017
Hoy, exactamente a tres años del brutal asesinato del corresponsal de nuestro diario en Curuguaty Pablo Medina y de su acompañante Antonia Almada, se debió iniciar el juicio oral y público al exintendente de Ypejhú Vilmar “Neneco” Acosta, acusado por instigar el doble crimen. El juzgamiento del supuesto autor intelectual del homicidio se postergó para el 23 del corriente mes.
Hoy se cumplen tres años del asesinato de nuestro corresponsal en Curuguaty Pablo Medina y de su acompañante Antonia Almada, acribillados en una emboscada en un camino rural de Villa Ygatimí, en el departamento de Canindeyú, cuando regresaba a Curuguaty.
La acusación destaca que el móvil del crimen fueron las reiteradas publicaciones realizadas por el hombre de prensa, que vinculaban al político con distintos ilícitos registrados en la zona.
En su acusación, la fiscala Sandra Quiñónez destaca que al momento de su ejecución, nuestro compañero de tareas investigaba el nexo entre el entonces intendente de Ypejhú, Vilmar “Neneco” Acosta, y el asesinato del político Julián Núñez, quien se perfilaba como potencial candidato a reemplazarlo al frente de la Comuna.
De hecho, el propio Medina denunció públicamente las amenazas recibidas de Acosta, motivo por el cual él se vio obligado a contar con guardia policial durante un tiempo. Con el título “Periodista, obligado a andar con guardia por amenaza de político”, subtítulo “Corresponsal de ABC sería objetivo de una banda de narcotraficantes”, publicados el 5 de noviembre del 2010, se divulgó a la opinión pública la situación límite en que Medina desempeñaba sus tareas.
También hoy estaba previsto el inicio del juicio oral y público al político acusado de instigar el homicidio del periodista Pablo Medina, ejecutado a tiros con su acompañante Antonia Almada. Sin embargo, el juzgamiento fue aplazado por disposición del propio presidente del Tribunal de Sentencia, Ramón Trinidad Zelaya.
El magistrado fijó la fecha para la audiencia, pero no notificó a nadie. Esta situación fue advertida por el fiscal Vicente Rodríguez quien, al indagar la situación, fue informado de que el juicio no se realizaría en la fecha indicada.
Doble crimen no es prioridad
Ante esta situación, ABC Cardinal consultó al juez Zelaya sobre el motivo, ocasión en que el magistrado explicó que tenía otras causas con peligro de extinción y que pretendía realizar estas audiencias primeramente.
Asimismo, agregó que, como la causa de Acosta no tenía peligro de extinción (riesgo que podría darse recién en el 2019), podría realizar el juicio en marzo del año próximo o quizá antes, de acuerdo a una reunión que realizaría el lunes (hoy) para precisar cuántas eran las causas pendientes y qué plazo les tomaría atenderlas.
En un crimen de semejante magnitud –no solo por la brutalidad con que fue ejecutado, sino también por el mensaje perverso de pretender imponer la barbarie ante la razón, y acallar denuncias de corrupción y comisión de delitos con la fuerza brutal–, resulta preocupante la postura hasta si se quiere displicente asumida por el magistrado Zelaya.
Preocupa la idea de fijar fecha para un juicio sin cerciorarse antes si se dan o no las condiciones para su realización, y ni qué decir la mentalidad de dejar todo para después; total, “falta mucho para la extinción”.
Estas son las malas prácticas que se deben desterrar del Poder Judicial. No hay motivo para dejar para mañana lo que se puede hacer hoy, pues no existe una garantía de que no ocurra imprevistos –tales como chicanas, fuga, enfermedad, etc.– que no se puedan sortear y se vean en la urgencia de tener que realizar el juicio a las apuradas, ante un peligro de extinción que deje un crimen tan grave como este en la impunidad.
Finalmente, antes del plazo previsto, el jueves pasado, el Tribunal fijó nuevamente el juicio para el 23 del corriente mes. Esperemos que esta vez, la justicia no vuelva a borrar con el codo lo que escribió con la mano.
Emboscada fatal
Pablo Medina fue ejecutado a balazos por dos sicarios en una emboscada que tuvo lugar en un camino rural a 8 km del centro de Villa Ygatimí, en la tarde del 16 de octubre de 2014, Curuguaty. Para el efecto, el periodista fue convocado a una supuesta reunión de prensa, a la que posteriormente se supo que había sido el único convocado. Antonia Almada, estudiante de Análisis de Sistemas de 19 años, que viajaba en el asiento del acompañante, también perdió la vida en el ataque.
Los protagonistas del juicio
El Tribunal de Sentencia sorteado para realizar este juicio está presidido por Ramón Trinidad Zelaya e integrado por Janine Ríos y Benito González. La acusación está a cargo de la fiscala Sandra Quiñónez –quien realizó la investigación y representó al Ministerio Público durante la audiencia preliminar– y los fiscales coadyuvantes Vicente Rodríguez y Jorge Romero, ambos fiscales de Curuguaty. La defensa de Vilmar Acosta está a cargo de los abogados Vicente Alderete y Ricardo Paredes.
Autores materiales, prófugos
En este caso, continúan prófugos de la justicia los supuestos autores materiales del crimen, Wilson Acosta Marques y Flavio Acosta, hermano mayor y sobrino de Vilmar, respectivamente. La hermana de Antonia, que viajaba en el asiento de atrás de la misma camioneta y de milagro salió ilesa del atentado, confirmó a la Policía que fue Wilson el que le disparó cuatro veces a Medina con una pistola calibre 9 mm, y Flavio quien lo “remató”, con un tiro de escopeta calibre 12.
Chofer reveló la trama
El 8 de diciembre del 2014, Arnaldo Cabrera, chofer de Vilmar Acosta en la Municipalidad de Ypejhú, fue capturado en un escondite de la colonia Americano Cue, a 15 km de la estancia Dos Naciones, de la familia Acosta Marques.
Cabrera fue involucrado en el caso debido a que a su nombre se habían activado la mayoría de los chips utilizados por los tres principales involucrados, es decir, Vilmar, el hermano mayor de este, Wilson Acosta Marques, y el sobrino de los dos últimos, Flavio Acosta Riveros.
Cabrera dijo que él y Wilson Acosta ejecutaron a Medina por orden del exintendente de Ypejhú.
Evidencias requisadas
El 18 de octubre del 2014, se realizaron varios allanamientos simultáneos de establecimientos relacionados con el jefe comunal entonces prófugo de la justicia, incluida la Municipalidad de Ypejhú.
En la casa del Vilmar Acosta se hallaron municiones para fusil, casquillos servidos de pistolas, pasamontañas y hasta un chaleco antibalas completamente perforado, entre otras evidencias. En el celular de su hijo se halló un historial de conversación en un grupo de WhatsApp de la familia, en el que Vilmar supuestamente pidió que limpiaran la casa y que hicieran desaparecer un fusil.
Capturado en el Brasil
Tras permanecer casi cinco meses prófugo de la justicia paraguaya, el 4 de marzo del 2015 Vilmar Acosta fue detenido en la noche del miércoles en Naviraí, estado de Mato Grosso, Brasil, ubicado unos 150 kilómetros de la frontera paraguaya.
El detenido alegó que no tenía cargo alguno y que era ciudadano brasileño e incluso un juez federal rechazó su pedido de prisión preventiva. Al mismo tiempo, el juez de Sete Quedas, Guilherme Enrique Berto, anuló la nacionalidad brasileña de Vilmar, con lo que se ganó tiempo para poder desenmascarar a Vilmar y gestionar su extradición.
Extraditado en el 2015
Tras el crimen de Pablo Medina, el entonces intendente Vilmar Acosta huyó al Brasil, donde fue aprehendido el 5 de marzo del 2015 en Caarapó, estado de Mato Grosso, Brasil.
El exintendente pretendió mantenerse al margen de la Justicia de nuestro país mediante la presentación de documentos que acreditaban su supuesta nacionalidad brasileña, hipótesis posteriormente descartados tras constatarse la falsedad de la documentación.
Por decisión de la Justicia brasileña, el 16 de noviembre del 2015 Vilmar Acosta fue extraditado a nuestro país.
Neneco, en silencio
En las dos ocasiones en que fue convocado a declarar ante el Ministerio Público, el acusado Vilmar Acosta Marques optó por abstenerse a dar su versión sobre los graves hechos de los que se le acusa.
El exintendente de Ypejhú mantuvo el llamativo silencio igualmente en ocasión de la audiencia preliminar, realizada ante el juez de Curuguaty Carlos Martínez, el 23 de febrero pasado, en Asunción.
En el Brasil, en audiencia ante un juez de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Rodrigo Capes, negó la acusación, dijo ser perseguido político y pidió no ser extraditado.
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