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obama_01OBAMA ALERTA SOBRE UNA NUEVA CRISIS SI LA REFORMA FINANCIERA SE FRUSTRA
El presidente de EEUU pide a los ejecutivos de Wall Street que se sumen a los cambios en lugar de luchar contra ellos.
ANTONIO CAÑO - Washington - 22/04/2010
Acariciando su segunda gran victoria política tras la reforma sanitaria, Barack Obama invitó el jueves a los principales responsables de Wall Street a sumarse, por necesidad, por interés y por patriotismo, a la mayor regulación de los mercados financieros que se produce en Estados Unidos en 70 años. El presidente advirtió que esta histórica intervención en un sector esencial de la economía norteamericana resulta imprescindible para evitar la repetición de catástrofes como la que hace dos años sacudió al mundo entero.
Obama acudió al corazón del sistema financiero para transmitir personalmente a los dueños y directivos de esta industria que no es su enemigo, que la reforma que propone no está diseñada para maniatar a los mercados o imponer barreras artificiales a la libre actividad económica, sino para garantizar que los negocios se efectúan con reglas claras y en beneficio de la mayoría de la población.
"Estoy aquí porque quiero apremiarles a que se sumen a nosotros en lugar de luchar contra nosotros. Estoy aquí porque creo que estas reformas representarán a la larga, no sólo un beneficio para nuestro país, sino un beneficio para nuestro sector financiero", dijo Obama en una muy esperada intervención en Cooper Union, la misma escuela en la que en marzo de 2008 describió los riesgos extremos bajo los que estaban funcionando los bancos.
Meses más tarde de aquel discurso, esos riesgos dejaron a todo el sector al borde del colapso, pusieron en evidencia la actividad suicida de algunas firmas y desataron una ola de resentimiento popular que todavía perdura. Aunque muchas de las empresas que provocaron la crisis han vuelto a hacer grandes beneficios, las sospechas sobre la legitimidad de su comportamiento subsisten y la necesidad de imponerles normas más estrictas se ha convertido en un clamor nacional.
"Los únicos que tienen que tener miedo al control y la transparencia son aquellos cuya conducta no admite el escrutinio", prometió Obama ante una audiencia entre los que había decenas de ejecutivos de los principales bancos y entidades de crédito, seguros e inversión. "A menos que su modelo de negocio sea estafar a la gente, no hay nada que temer de estas nuevas normas", afirmó.
Obama reconoció la importancia del sector financiero en una economía moderna y dinámica. Aseguró que su pensamiento económico no se contradice en lo más mínimo con el libre mercado. "Pero el libre mercado", continuó Obama, "no es una carta blanca para hacer lo que a cada uno le dé la gana, como ocurrió muy a menudo en los años que nos llevaron a la crisis. Algunos en Wall Street se olvidaron de que detrás de cada dólar con el que ellos comercian hay una familia que intenta comprar una casa, pagar una educación, abrir un negocio o ahorrar para la jubilación", añadió.
El presidente admitió que también el sistema político es responsable de los comportamientos de Wall Street, en la medida en que toleró y hasta se aprovechó de su actividad. Urgió al Congreso a aprobar cuanto antes esta reforma como "pilar fundamental" de una nueva economía y de una sociedad más justa y más responsable.
La Cámara de Representantes ya pasó en diciembre una ley al respecto, y el Senado probablemente empezará a debatirla en el pleno que se celebrará la próxima semana.
Aunque a los demócratas les falta un voto para asegurarse la victoria, en estos momentos hay en marcha negociaciones que hacen pensar que algunos republicanos están inclinados a respaldar la iniciativa. A diferencia de lo que ocurrió con la reforma sanitaria, la opinión pública americana empuja a favor de esta regulación.
Obama no quiso ayer entrar en los detalles de la legislación, algunos aún pendientes de discusión, pero defendió los principios sobre los que debe asentarse. Destacó que el propósito principal es el de proteger a los consumidores y a los ciudadanos en general de los errores que comete Wall Street, impidiendo que, como ocurrió la última vez, se utilice el dinero de los contribuyentes para salvar a las compañías en quiebra. "Necesitamos un sistema que permita el fracaso de una firma con el menor daño colateral para la gente inocente y para las empresas", dijo el presidente.
Para ello, la ley que se negocia en el Congreso permitirá al Gobierno, a la Reserva Federal y a las agencias reguladoras intervenir prácticamente en todas las actividades de Wall Street, decidir sobre el tamaño de los bancos e imponer límites a sus movimientos. Se creará un nuevo órgano para la protección de los consumidores de los productos financieros y un mecanismo -quizá un fondo de 50.000 millones de dólares, unos 36.660 millones de euros, aunque esto es aún motivo de debate- para cubrir con dinero de Wall Street las quiebras del sector.
Los detractores de la iniciativa consideran que se trata de una invasión por parte del Estado que expulsará a los inversores y relegará a los mercados financieros de Estados Unidos a una posición secundaria en el mundo.
"Estas reformas están diseñadas", respondió ayer Obama, "para respetar la actividad legítima, pero prevenir los riesgos desmedidos. Estos cambios tendrán el beneficio añadido de que crean incentivos para que la industria se asegure de que ninguna compañía pueda amenazar con hundir la economía entera".
Una de las prioridades señaladas por el presidente Obama fue la de la transparencia, para lo cual se contempla una intervención contundente en el control del mercado de derivados, un complejo producto financiero masivamente utilizado para la pura especulación al que Obama se refirió utilizando la definición del oráculo de Omaha, Warren Buffet: "Armas financieras de destrucción masiva".
En la Bolsa de Nueva York la actividad se desarrolló con normalidad durante el discurso del presidente. Al concluir, el índice Dow Jones perdía 80 puntos, pero nadie parecía atribuirlo a sus palabras. Y cerró en positivo. Pese a algunos alarmismos que precedieron a estas reformas -miles de lobbystas en Washington y millones de dólares gastados en los últimos meses por la Cámara de Comercio y las firmas financieras para impedir la ley-, la economía norteamericana no va a caer en manos del Estado.
No hay drama. "En última instancia", como dijo el presidente Obama, "nuestro sistema sólo es realmente libre cuando existe una salvaguarda, cuando estamos seguros de que es más rentable jugar de acuerdo a las normas que burlarlas".
Los puntos esenciales de la reforma financiera de Obama
Punto uno: Crear un sistema de protección para el sistema financiero. Dentro de este mecanismo se incluyen, por una parte, los planes de desmantelamiento que deben realizar las propias entidades en caso de que, por su gran tamaño, una eventual quiebra ponga en riesgo al conjunto del sistema. Por otra, se establecerán unos requisitos de reservas de capital para garantizar los depósitos y respaldar un posible deterioro de los activos de los bancos. Aunque el presidente Obama habla de "protección del sistema", el objetivo último de este primer punto es, precisamente, evitar que sea el contribuyente el que tenga que salir en apoyo de los bancos en caso de una nueva crisis.
Punto dos: Aumentar la transparencia del mercado financiero y sacar las transacciones "a la luz del día". Obama quiere incrementar la información sobre los productos derivados sumamente complejos que en parte han llevado al sistema a la actual crisis, así como que los inversores conozcan los riesgos implícitos de este tipo de operaciones.
Punto tres: Aumentar la protección al consumidor. El plan del presidente estadounidense creará el mayor sistema de protección del usuario conocido hasta la fecha.
Punto cuatro: Dar a los accionistas la posibilidad de decidir sobre los salarios y los bonus de los miembros de los consejos de administración y una mayor representación en las decisiones que comprometen el futuro de las empresas.
Punto quinto: Reducir la influencia de los grupos de presión en Washington, la industria de los lobbys contratados para contrarrestar las decisiones del Congreso y limitar el impacto de los cambios normativos.

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