La Organización No Gubernamental pedía "la ubicación exacta y el nombre del propietario y/o entidad responsable, autorizados para cultivar y acopiar semilla transgénica de exportación, como también para la experimentación científica en vegetales transgénicos".
La medida trata de impedir que cultivos orgánicos puedan verse en riesgo por "la posible contaminación genética".
El SAG respondió que, como la información afectaba a terceros, iba a consultar a las 26 empresas involucradas, de las cuales sólo dos accedieron en forma voluntaria. Las 23 restantes -entre ellas la trasnacional Mantos Blancos- argumentaron que la entrega de información afectaba sus derechos comerciales y económicos, y que en otros países los lugares de plantación "han sido objeto de atentados y actos vandálicos", lo que fue desechado por el Consejo de Transparencia. DFB
05/07/2010