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16 de Febrero de 2015
Lo peor que puede hacer la ciudadanía es olvidar los casos recientes de irregularidades y permitir que los inescrupulosos se beneficien con los nuevos escándalos que se van sucediendo y de los que ellos se aprovechan muy bien para ir saliendo de la consideración pública hasta pasar desapercibidos, ganando impunidad social y legal. Es necesario recordarles permanentemente su condición de marginales de la honestidad. De ningún modo debemos permitir que tengan la chance de ser reelectos y de proseguir con sus fechorías. Tenemos que alimentar la memoria social, revitalizarla constantemente, para que se constituya en la verdadera contraloría del pueblo, para ejercer la tarea que los organismos públicos se rehúsan o de la que se desentienden. Si así no ocurre, los corruptos, los narcopolíticos, los traficantes de todo tipo de ilegalidades, los ladrones de las esperanzas del pueblo continuarán manejando los destinos de nuestro país.
¿Qué pasó con los casos de los procesos judiciales por corrupción a los legisladores Víctor Bogado y José María Ibáñez, con el asesinato de Pablo Medina, con la ejecución de tres tiros en la cabeza del peón de estancia durante el secuestro de Arlan Fick? ¿Qué suerte se le está deparando al secuestrado Edelio Morínigo? ¿Qué medidas se están tomando contra los narcopolíticos? ¿Qué se está haciendo para castigar el horrible crimen de la pareja de ganaderos alemanes? Etc., etc.
Los voceros de las distintas oficinas gubernamentales relacionadas con estos casos ya casi no los mencionan. ¿Los están olvidando o, simplemente, aprovechando el hecho de que el trascurso del tiempo favorece que estas noticias vayan siendo sustituidas por nuevas y, así, aflojar la presión social sobre los responsables? Puede que sea así, pero la que no debe olvidar los hechos y a sus autores es la sociedad, la gente común, el pueblo.
Los espíritus se remueven alterados con los escándalos recientes, que concitan toda la atención pública, como es natural que suceda, pero produciendo un efecto que está lejos de ser natural: el de servir de manto para enviar al cajón del olvido oficial los asuntos que comprometen a los políticos y a los funcionarios gubernamentales encargados de garantizar la seguridad de las personas, el cumplimiento de la ley y el funcionamiento de la justicia, entre otras obligaciones similares.
¿Qué pasa con los procesos judiciales que afectan a los legisladores Víctor Bogado e Ibáñez? ¿Avanzan o están estancados? ¿Acaso están operando sigilosamente para conseguir el sobreseimiento que hará definitiva e irreversible su impunidad?
Según la experiencia enseña, en nuestro país, en el ámbito político nadie gana ni pierde reputación, como ya lo observaban hombres lúcidos hace más de un siglo. Esto significa, en la práctica, que personajes como Bogado e Ibáñez, los “narcointendentes”, los “narcoconcejales” y los diputados y senadores que los protegen podrían ser fácilmente reelegidos para los próximos períodos, pues se confía en que la mayoría de los electores tiene la memoria flaca o, simplemente, les importa poco o nada el aspecto ético o el legal de los candidatos y continuarán votándolos a cambio de sus prebendas de siempre.
Pero hay una manera muy sencilla de impedir que esto continúe sucediendo, y consiste en que la justicia funcione eficiente y efectivamente. Es decir, que fiscales, jueces, magistrados y ministros de Corte se comprometan de una vez por todas con la probidad ética, con la lealtad insobornable a su función, con la decencia en su conducta y con el patriotismo en sus corazones. Una vez que así lo hagan, se constituirán en la valla más alta e insalvable para los bandidos y sinvergüenzas que actualmente se aventuran exitosamente en la política y ganan los puestos más codiciados.
Es preciso llamar a las cosas por su nombre: a gente como los nombrados le importan un bledo el país y su futuro, las necesidades de la población, los intereses superiores de la sociedad a la que pertenecen ni los de sus electores, en particular. Están en la política para provecho propio, única y exclusivamente; para acumular y gozar de los recursos, ventajas y privilegios estatales, para traficar influencias a fin de perpetuarse en esas ventajas, para cometer toda clase de trampas y, si es necesario, realizar las maniobras más sucias y vergonzosas que se les hagan necesarias para mantener alimentada su insaciable codicia.
Por eso, lo peor que puede hacer la ciudadanía es olvidar los casos recientes y permitir que los inescrupulosos se beneficien con los nuevos escándalos que se van sucediendo y de los que ellos se aprovechan muy bien para ir saliendo de la consideración pública hasta pasar desapercibidos, ganando la impunidad social y legal. Es necesario recordarles permanentemente su condición de marginales de la honestidad. De ningún modo debemos permitir que tengan la chance de ser reelectos y de proseguir con sus fechorías.
Simultáneamente, mientras se sostiene la causa contra los políticos deshonestos y caraduras, hay que hacerse cargo de los nuevos atentados que se van sucediendo contra la vida y la dignidad de tantas personas inocentes que caen en manos criminales, así como de la marcha victoriosa de la injusticia, de la ineptitud vergonzosa de nuestras fuerzas encargadas de protegernos y de resguardar a todo el país contra sus enemigos.
La única arma que la sociedad posee frente a esto, en falta o defecto de las instituciones públicas, es su capacidad crítica, la fuerza de sus convicciones y su habilidad para aplicar sanciones morales, como el escrache, que a menudo es la única opción frente a las defecciones de la administración de justicia, por ejemplo, aunque no la reemplace.
Ya tuvimos suficiente cantidad de ejemplos acerca de cómo los escándalos de hoy sepultan en el olvido a los de ayer; y cómo se benefician tan fácilmente de esto los réprobos, los antisociales, los bandidos. La conciencia ciudadana debe mantenerse resistente, alerta y crítica, sin decaer en su determinación de castigar moral y políticamente a quienes demuestran tenerle muy poco temor y respeto, al burlar sus mandatos electorales y desentenderse de sus obligaciones principales.
Tenemos que alimentar la memoria social, revitalizarla constantemente, para que se constituya en la verdadera contraloría del pueblo, para ejercer la tarea que los organismos públicos se rehúsan o de la que se desentienden. Si así no ocurre, los corruptos, los narcopolíticos, los traficantes de todo tipo de ilegalidades, los ladrones de las esperanzas del pueblo continuarán manejando los destinos de nuestro país.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/no-olvidar-a-los-inescrupulosos-1336991.html

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