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SENADOR128 DE ENERO
Senadores de partidos opositores paraguayos coincidieron hoy en que la corrupción institucional frenará la aplicación del proyecto de ley de "Extinción de Dominio".
El proyecto, conocido como "ley antinarco", fue aprobado en diciembre en la Cámara de Diputados y se discutió este miércoles en una audiencia abierta al público y promovida por la representación en el Senado de los opositores Frente Guasú, Partido Democrático Progresista (PDP), Avanza País y Partido Encuentro Nacional (PEN).

"El proyecto otorga poderes discrecionales a órganos del Estado profundamente infiltrados por el crimen organizado, para utilizarlos como instrumento de venganza política o de extorsión", dijo a Efe el senador Adolfo Ferreiro, del partido Avanza País.
 El senador paraguayo, del partido Avanza País, Adolfo Ferreiro. Foto: EFE
Añadió que en Paraguay el crimen organizado funciona como un "gran partido político" que opera con la complicidad de las autoridades.

"No hay crímenes de la escala de los que se cometen acá sin la participación de las autoridades. Y no hay ninguna señal de que eso se esté combatiendo", observó.

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Esposado. Virgilio Portillo cuando fue detenido en el 2008.


Virgilio Portillo Orué, actual intendente de Yby Pytã, fue detenido en abril del 2008 con más de 8 toneladas de marihuana. Momentos después de ser arrestado, fue entrevistado por medios de prensa y admitió vender la droga “a 25.000, 30.000 el kilo”.

Este político liberal tenía 26 años cuando fue detenido por la Policía Antinarcóticos con 8.000 kilos de marihuana picada y 175 kilos prensada en una propiedad en Yby Pytã, que entonces aún no era un distrito.
La noticia que emitió Telefuturo sobre el procedimiento muestra cómo al ser abordado por periodistas Portillo admitió vender la droga por kilo, prensada y a brasileños.
En aquel entonces, Portillo y su cuñado Simón Benítez González, de 28 años, fueron presentados como simples cultivadores.
La Fiscalía imputó a Portillo, pero este guardó reclusión apenas tres meses y luego ya fue liberado. Ese mismo año, la Fiscalía pidió su sobreseimiento y para setiembre del 2013 su causa quedó extinguida. Dos meses después, fue electo como el primer intendente del nuevo distrito de Yby Pytã.

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El juez Luis Valiente decretó finalmente la prisión preventiva de los concejales departamentales de Amambay, por el supuesto vínculo con el cargamento de cocaína requisada por agentes antinarcóticos y posteriormente robada de la sede de la jefatura policial de Amambay.

Se trata de los Concejales Cesar Augusto Quevedo Isnardi del PLRA y José María Bogado Martínez de la ANR.

Ambos serán trasladados a la cárcel regional de Pedro Juan Caballero, por disposición del Juez José Valiente, tras la comparecencia de los mismos.

Según la policía, ambos concejales departamentales serían los responsables del cargamento de cocaína, que requisaron de un vehículo abandonado en la zona de Zanja Pytá.

Los dos políticos fueron imputados por el Fiscal de la causa Samuel Valdéz.

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26 Enero 2015
Termina enero y esperamos que termine también la impunidad en la que siguen viviendo los diputados acusados de tener vínculos con el narcotráfico, ante las pruebas contundentes presentadas por la Senad.
ASUNCIÓN.- Freddy D’Ecclessis, Marcial Lezcano y Bernardo Villalba son diputados colorados que, de acuerdo a una investigación de la Secretaría Nacional Antidrogas, son narcotraficantes o están muy ligados a la mafia del tráfico de drogas. A ellos se suman el diputado suplente Carlos Sánchez, alias Chicharõ, la parlasuriana Cirila Cubas de Villaalta y el exdiputado Magdaleno Silva, todos colorados.
Aunque la denuncia la hizo Arnaldo Giuzzio en la Cámara de Senadores en noviembre del año pasado, mes en el que el Congreso arrimó las pruebas a la Fiscalía, hasta este momento nadie ha movido un dedo en el Ministerio Público.
En diciembre la excusa fue el exceso de actividades y en enero la feria judicial. Pero terminó el mes y debe terminar la impunidad de estos personajes que usan a la política como pasaporte para blanquear sus negocios con la droga.
La Fiscalía tiene que imputar a D’Ecclessis, Lezcano y Villalba y pedir al juez de la causa que solicite el desafuero a la Cámara de Diputados a fin de continuar con el proceso. En el caso de la parlasuriana Villaalta, el desafuero debe ser solicitado al Parlasur. Sánchez y Silva no tienen fueros así que el proceso contra ellos puede empezar inmediatamente.

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A criterio del presidente interino del PLRA, Luis Alberto Wagner, no se debe esperar  las Elecciones Municipales ni Nacionales  para castigar en las urnas a los políticos vinculados al narcotráfico.
Dijo que las medidas tanto políticas como jurídicas deben ser aplicadas de manera inmediata porque las instituciones del Estado corren el riesgo de ser copadas por el crimen organizado.
En diálogo con la 970 AM, remarcó que la sanción  a los narcopolíticos depende también de la voluntad que tengan los jueces y fiscales, que en la mayoría los casos, actúan de manera complaciente con las personas a las que investigan.

martes 27 de enero de 2015, 01:00
La falta de celeridad por parte del Poder Judicial para que se ordene la incineración de las drogas incautadas en distintos procedimientos hace que se acumulen los cargamentos en las distintas bases antidrogas, y se de pie para corromper a funcionarios.
Fuentes de la Policía Nacional indicaron que en la base del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional existen aproximadamente unos 5.000 kilogramos de marihuana que deben ser incinerados y cuyos jueces aún no han dado la orden.
En tanto que ayer se produjo la quema de toda la carga de cocaína que estaba resguardada en la oficina de la Unidad de Inteligencia Sencible (SIU) de la Policía.
A esto también se le suma la gran cantidad de drogas que están guardadas como evidencias en la Base de Operaciones de la Senad en Asunción.
Fuentes de la mencionada unidad de lucha contra el narcotráfico indicaron que existen cerca de 4.000 kilogramos de marihuana que tienen que ser incinerados.
En la Senad también aún quedan unos 1.000 kilos de cocaína que esperan ser quemados, mencionaron fuentes de la institución antidrogas.
CONTRAPRODUCENTE. Por su parte, el juez penal de Garantías de Asunción, doctor Óscar Delgado, manifestó que al estar mucho tiempo la droga en un lugar da la posibilidad a que se corrompan los funcionarios.

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 Hugo Richer. Foto: Salomón Salazar.

25/01/2015 12:19
El senador Richer calificó a la dirigencia de los partidos tradicionales como “totalmente entregada”.
Ciudad del Este. Agencia regional.
El senador Hugo Richer cuestionó que hasta ahora el presidente Horacio Cartes no haya emitido un solo pronunciamiento a raíz de lo ocurrido con los 250 kilos de cocaína que desaparecieron de una comisaría en Concepción. También indicó que el narcotráfico lo puso manos arriba al Gobierno.
“Con el tema del narcotráfico, todos los casos ya ocurridos en este último tiempo y el último hecho grave de los 250 kilos de cocaína entregados desde una comisaría, lo que pasó fue lo siguiente: el narcotráfico le puso manos arriba al Gobierno y al Estado”, dijo el senador Hugo Richer, del Frente Guasu, en una conferencia de prensa realizada en Ciudad del Este, Alto Paraná, donde se anunció la agenda electoral local.
Insistió en que el Gobierno está manos arriba y “no le pudo sacar su mercadería a los narcotraficantes”. Habló una complacencia del Estado porque ni el Gobierno, ni las demás estructuras como el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Poder Judicial dan una voz de alerta o adoptan alguna medida.

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El titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Adrián Salas, informó que ha solicitado los antecedentes de los casos vinculados a los juzgados de Yby Pytá y Amambay con el narcotráfico.
En diálogo con la 780 AM, refirió que en los próximos 5 días hábiles, dependencias judiciales y fiscales de las localidades mencionadas deben remitir datos sobre casos vinculados a narcotráfico.
En el caso de Amambay, vinculado al juez Luís Benítez, el Jurado intentará averiguar el por qué no ordenó la rápida destrucción de la droga incautada y hoy desaparecida.
Con respecto a Yby Pytá, Salas refirió que buscarán entender por qué el intendente de la localidad tiene una foja judicial “limpia” siendo que había sido detenido en el 2008 por portación de cerca de 8.000 Kg de marihuana.

23 de Enero de 2015 13:01
Los concejales departamentales involucrados en la incautación de 252 kilos de cocaína ya están en la cárcel regional de Pedro Juan Caballero, por decisión del juez José Valiente. Fueron trasladados bajo una importante custodia policial.

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Los concejales en el calabozo de la comisaría 8va. antes de ser derivados a la cárcel. / Gentileza

Los concejales César Augusto Quevedo Isnardi (PLRA) y José María Bogado Martínez (ANR) fueron trasladados pasado el mediodía a la cárcel, tras darse a conocer la decisión del juez, quien rechazó la propuesta de la defensa de aplicar medidas alternativas a la prisión para los imputados.
Quevedo y Bogado comparecieron esta mañana ante el juez, quien inmediatamente pidió que los ediles departamentales permanezcan recluidos en la Comisaría Octava, hasta tanto se decida si finalmente quedaban presos o se adoptaban medidas alternativas. Para la Policía, los dos concejales fueron los que escoltaron la carga de drogas el sábado 10 de enero pasado en la zona de Zanja Pytã. Con todos estos indicios, el fiscal de la causa, Samuel Valdez, los imputó ayer.

23 de Enero, 2015

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Testigo afirma que policías entregaron la droga. Foto: Ministerio del Interior.

El policía amenazado de muerte aseguró que vio a sus camaradas cuando sacaron los 252 kilos de cocaína de la armería de la jefatura policial de Amambay, mientras le ponían un arma en la cabeza para que calle.
Según la versión sostenida por los investigadores de la desaparición de la droga que fue incautada semanas atrás, la sustracción fue planificada por un grupo de policías comandados por el suboficial Santiago Ferreira Coronel, quien pidió jefes policiales un cambio de turno de guardia en la jefatura y ubicarse en el lugar que le correspondía a la persona encargada de la protección de la armería, informó Última Hora.
Un suboficial segundo puso resistencia ante el hecho, por lo que fue amenazado y decidió entonces, guardar silencio.
"Sabemos que a este policía le pusieron una pistola en la cabeza y le dijeron que si llegaba a decir algo, le van a matar. Él no quiso declarar en Pedro Juan, porque no confía en la justicia local, tuvo que ser llevado a Asunción para contar lo que realmente sucedió", dice Juan Carlos Acevedo, intendente municipal de Pedro Juan Caballero.

viernes 23 de enero de 2015, 01:00
Débil y tardía es la respuesta que el Estado, a través de los tres poderes que integran el Gobierno, opone al preocupante y creciente fenómeno de la narcopolítica. Aún debe demostrarse cabalmente a la sociedad que las acciones emprendidas para erradicar este flagelo de nuestra realidad son lo suficientemente contundentes. La gravedad de la situación demanda la adopción de medidas que apunten a la regeneración del quehacer público en todos los órdenes de la vida social. El reto que plantea la criminalidad es demasiado grave como para que las autoridades y la clase política no reaccionen con suficiente determinación para extirpar de nuestro seno un mal que amenaza con carcomer los cimientos morales de la sociedad paraguaya.
La desaparición de una imponente carga de cocaína en el Amambay ocurrida recientemente, así como los escandalosos casos de involucramiento de autoridades locales en el tráfico de drogas, evidencian hasta qué punto el Estado paraguayo está inficionado por el flagelo de la narcopolítica. Frente a este insidioso fenómeno, la acción opuesta por el Estado ha sido insuficiente, débil y, desafortunadamente, tardía. Es mucho más lo que debe hacerse para convencer a la ciudadanía de que el Gobierno, integrado por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, está librando un verdadero combate contra la criminalidad organizada y sus nefastos tentáculos en el poder.

23 de Enero de 2015 19:00
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Por Perla Silguero
La mayoría de los jueces y fiscales investigados en el año 2014 y este año por el Jurado de Enjuiciamiento, lo fueron por estar relacionados a casos vinculados con drogas. El más reciente es el “blanqueo” al intendente de Yby Pytã, Virgilio Portillo.
En el 2014 el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) órgano encargado de juzgar a ministros de la Corte, jueces, fiscales, defensores públicos y jueces de paz removió a nueve fiscales y jueces investigados en su mayoría por beneficios que dieron a personas procesadas por narcotráfico. El 2013 fue un año donde cuatro magistrados fueron removidos por procesos que tiene que ver con drogas.
Algunos casos
El fiscal José Luis Casaccia y la jueza Norma Salomón fueron enjuiciados y suspendidos por el Jurado por presunto mal desempeño en sus funciones. El agente del Ministerio Público y la magistrada liberaron al policía Águedo Lezcano Paredes, procesado por tráfico de droga.

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Virgilio Portillo, intendente “blanqueado” luego de ser sorprendido con una carga de marihuana. / ABC Color

22 de Enero de 2015 10:40 
El fiscal Diosnel Giménez presentó renuncia esta mañana, luego de ser suspendido ayer por “blanquear” al intendente de Yby Pytã, Virgilio Portillo, quien fuera detenido con 8.000 kilos de marihuana picada y 175 kilos de la droga prensada.
El fiscal Diosnel Giménez fue suspendido ayer por ser uno de los agentes que actuaron de manera negligente y que “blanquearon” a Virgilio Portillo, intendente de Yby Pytã, quien en abril de 2008 fue detenido con 8.000 kilos de marihuana picada y 175 kilos de la droga prensada. Pese a las evidencias, el ahora jefe comunal fue sobreseído y luego se postuló al cargo.
El fiscal general, Javier Díaz Verón, había dispuesto la suspensión por tres meses sin goce de suelgo de Diosnel Giménez y Leonardo Caceres, así como que sus antecedestes sean remitidos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Díaz Verón argumentó que “el actuar negligente de los agentes fiscales derivó en la declaración del sobreseimiento provisional (de Portillo), en un primer término, y en la extinción posteriormente declarada por el juzgado de Garantías de Curuguaty, en fecha 25 de setiembre de 2013”.

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Imputan a concejales de Amambay. Foto:Última Hora

22 de Enero, 2015

El fiscal Samuel Valdez presentó la imputación en contra de los concejales departamentales de Amambay César Quevedo Isnardi (PLRA) y José Bogado Martínez (ANR), por el caso de la droga incautada y ahora desaparecida. La Policía vinculó a los concejales departamentales José María Bogado, y César Quevedo, con el cargamento, por lo que el fiscal Valdez reveló a través de la 780 AM, que la próxima semana serán llamados para prestar declaraciones, junto con el policía Vicente Arévalos y el custodio de Isnardi.Según el informe oficial que los agentes elevaron al Ministerio Público, al intentar verificar el contenido de lo que transportaba el vehículo, se encontraron con que en el interior estaban dos concejales departamentales, quienes actuaron con prepotencia y se encontraban armados. Los 252 kilos de cocaína fueron encontrados por agentes antinarcóticos en la siesta del pasado 10 de enero, dentro de la estancia Cambá Cuá, en la colonia Fortuna Guazú, en el distrito de Zanja Pytá y fue llevada hasta la armería de la jefatura policial de Amambay de donde desapareció entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. De acuerdo con lo señalado por el mismo ministro del Interior, Francisco de Vargas, las personas que se llevaron la droga, en ningún momento, utilizaron la violencia, por lo que presumen de complicidad de los agentes policiales de la comisaria. El jefe de antinarcóticos manifestó que se maneja la información de que los mismos personales llevaron la droga hasta un automóvil que se encontraba a metros de la jefatura policial.

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Escrito por  Editor
Jueves, 22 Enero 2015 06:47
El abogado Paraguayo Cubas, miembro del Colegio de Abogados del Alto Paraná (CAAP), afirmó que el país está secuestrado por el negocio de las drogas desde hace décadas. Recordó que desde la época del general Andrés Rodríguez se investigó la vinculación de narcotraficantes a la política, pero que nunca se logró resultados positivos.
El profesional del derecho recordó que incluso querelló al entonces presidente de la República. “En los años 70 ya se había vinculado a Rodríguez a hechos de esa naturaleza. Me cupó querellarlo en la época y por supuesto que la denuncia se archivó”.
Cubas agregó que no cree que se pueda limpiar el país de los narcotraficantes debido al millonario monto que mueve el negocio y corrompe varios sectores de la sociedad. “No creo que en nuestra vida veamos presa a personas de esa calaña, demasiado mucho es el dinero que mueven y están enquistado en el Estado”, señaló.
Respecto a la situación local refirió que es indudable la estrecha vinculación entre narcos y políticos. “En las calles vemos vehículos lujosos unos detrás de otro y su origen muy difícilmente sea el trabajo honesto”, apuntó.

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Enero 22, 2015
Los investigadores siguen tratando de encontrar rastros de la cocaína “entregada” por la Policía, en la jefatura de Amambay.
Los agentes policiales y fiscales aseguraron contar con más pruebas contra los tres suboficiales que custodiaban la carga de cocaína que desapareció de la jefatura de Amambay. Según las informaciones recabadas, la droga fue sacada por el patio de la Gobernación, a pedido, supuestamente, de Clemen-cio “Gringo” González.
En contacto con radio Ñanduti, el jefe de Investiga-ciones de la Policía Nacional, el comisario Gilberto Fleitas, se refirió a los allanamientos realizados en Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. Sostuvo que uno de los lugares visitados fue la Gobernación, por donde se habrían quitado los 252 kilos de cocaína de la jefatura, según las declaraciones del suboficial segundo Luciano Valenzuela, quien estaba presente la noche del robo.
Comentó que, de acuerdo con los datos manejados, los suboficiales Santiago Ferreira Coronel, Lucio Recalde y Celso Fleitas supuestamente colocaron la droga en varias bolsas arpilleras, que fueron colocadas luego en “un vehículo rojo”, que fue visto saliendo de la Gobernación.
Fleitas sostuvo que “preliminarmente creemos que los tres uniformados están involucrados en la desaparición de la droga”. Indicó que participaron de la compra del producto Clemencio “Gringo” González, su hijo (biológico, no reconocido) y la pareja de este. El comisario no dio a conocer las identidades de los ciudadanos. El agente policial sostuvo que las pruebas encontradas complican aún más situación de suboficiales detenidos, y que ahora aguardan las filmaciones de la Gobernación. La desaparición se registró el sábado 17, tan solo días después de la incautación de la carga. Por ese motivo, están sumariados 17 policías, quienes además están detenidos.
GOBERNACIÓN EN LA MIRA

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El entonces fiscal Diosnel Giménez, en un caso de invasión de inmueble. / ABC Color

22 de Enero de 2015 15:12

Diosnel Giménez tuvo varios antecedentes vinculados a narcotraficantes, no es la primera vez que benefició a uno de ellos. Su nombre saltó nuevamente con el caso del intendente de Yby Pytã. Con su renuncia prácticamente queda impune.

Ya en noviembre del 2012 salió a la luz el nombre de Diosnel Giménez por supuestamente proteger a un narco. Los hechos se dieron cuando cayó el presunto narcotraficante Esequiel De Souza Gómez en el distrito de La Paloma, Canindeyú, junto a otras 18 personas. En la ocasión se incautó 1.748 kilos de cocaína en el marco del operativo “Águila Negra”. Giménez es uno de los fiscales que solicitó protección policial para Souza. Supuestamente, Souza Gómez fue amenazado de muerte hace tiempo, por lo que los fiscales Giménez y Zarza ordenaron su protección policial. A raíz de ello el Ministerio Público ya lo había investigado. También el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados había resuelto apercibir al fiscal Diosnel Giménez, por haber cometido mal desempeño de funciones, ya que el fiscal dictaminó hacer lugar a una medida sustitutiva a la prisión a un procesado por el tráfico de 20 kilos de cocaína. Según los datos que manejaba el Jurado, los procesados fueron detenidos en flagrante comisión del supuesto hecho punible de posesión y tráfico de estupefacientes consistente en 20 kilos y 600 gramos de cocaína, hecho ocurrido en agosto de 2010, en la jurisdicción de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú.

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Publicado: 21 Enero 2015
Los fiscales suspendidos son: Diosnel Jiménez y Leonardo Cáceres.
El fiscal general del Estado decidió la suspensión de dos fiscales sin goce de sueldo, a raíz del blanqueo que benefició al Intendente de Yby Pytá, Virgilio Portillo, quien en el 2008 fuera detenido con 8 mil kilos de marihuana picada y 175 kilos de la misma droga, prensada.
Los fiscales suspendidos son: Diosnel Jiménez y Leonardo Cáceres, por un lapso de tres meses y sin goce de sueldo.
Se decidió también remitir los antecedentes del ahora juez Miguel Ángel Rojas, quien en su momento fue el fiscal de la causa abierta con el Intendente Portillo.

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21 Enero 2015

Los 252 kg de cocaína que desaparecieron de la jefatura de Amambay, aparentemente para ser devueltos a su dueño, salpican a todos los intervinientes. El fiscal quiso quemar la droga pero dispuso que mientras tanto se guarde en el depósito policial a pesar de que le advirtieron que era riesgoso, el juez dilató innecesariamente la incineración; el GEO debía cuidar el cargamento y el jefe policial salió de vacaciones. Nadie se salva.

ASUNCIÓN- Éste se ha convertido en el país de Jauja para los narcotraficantes. Han corrompido todo lo que hallaron a su paso de manera tan intensa que quienes pretenden combatirlos son mucho menos que los que los protegen. Prueba de ello son los 252 kg de cocaína que fueron incautados de un camión que habría estado resguardado por dos concejales departamentales de Amambay y que posteriormente desaparecieron del depósito de la Jefatura de Policía de la región.
De acuerdo a lo dicho por los ministros del Interior, Francisco de Vargas;  y de la Secretaría Nacional Antidrogas, Luis Rojas, lo que pasó en la comisaría no fue un robo sino una devolución; esto es, efectivos policiales comprados por los narcotraficantes se apoderaron de la droga y la devolvieron a los mismos narcos a los cuáles se les había incautado el cargamento.
No hay ningún motivo para dudar de que esto sea cierto; aunque algunos hablan de que en realidad los narcopolicías implicados obedecieron órdenes de un grupo rival del narco dueño de la droga. Sea como fuere, lo cierto es que fueron narcotraficantes quienes ordenaron a corruptos policías que se apropien de la droga. Y teniendo en cuenta que no es un paquetito de 252 gramos sino 252 kilos, para acarrear impunemente el cargamento mucha gente tuvo que mirar para otro lado y posibilitar el hecho. Y varios fueron los antecedentes previos que tuvieron que ver con esto.

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