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En un caso similar al de Fortuna, policías resguardan una fumigación ilegal en Tavapy II, también en Alto Paraná. Foto: L. A. Wagner.
E'a enero 21, 2015 - 6:53 PM
Así lo denunció el senador Luis Alberto Wagner.
El senador Luis Alberto Wagner (PLRA), presentó hoy un proyecto de Declaración por el cual “Repudia la actuación policial encabezada por el comisario principal Alcides Sanabria, dentro del procedimiento realizado en fecha 7 de enero de 2015, en la colonia Fortuna Unida 5.000, del distrito de Hernandarias, departamento de Alto Paraná”.
En el documento se explica que la comitiva policial encabezada por el comisario Alcides Sanabria, otorgó cobertura y protección a los trabajos de fumigación dentro de la propiedad del señor Joao Celso Minosso, en abierta transgresión de las leyes ambientales.
El senador expresó que se cuentan con evidencias documentales, fotográficas y filmaciones, “lo que demuestra de manera clara, la verdadera intención de los agentes policiales fue brindar cobertura y protección ilegal para que, de manera absolutamente irregular, se proceda a las fumigaciones, sin tener en cuenta la proximidad de viviendas y centros educativos en las cercanías del cultivo”.
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“Paraguay es un paraíso de lavado de dinero”, aseguró López Perito. Foto: archivo paraguay.com
20 de Enero, 2015
“Me parece claro es que el narcotráfico es un gran contribuyente para las campañas políticas”, afirmó Miguel López Perito, senador del Avanza País, al referirse acerca del vínculo entre el narcotráfico y la política.
El legislador aseguró que “Paraguay es un paraíso de lavado de dinero”, y teniendo en cuenta eso aconsejó establecer un control del financiamiento político en las próximas elecciones puntualizando en casos de lavado de dinero.
Agregó que, “existen más ramas de negocios que operan en el país tranquilamente bajo el sacrosanto manto de la política”, los cuales habría que empezar a desmantelar y para ello el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, debe dar señales claras, indicó.
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Publicado el Martes, 20 Enero 2015 14:50
El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón designó a los agentes fiscales de la Unidad Regional de Pedro Juan Caballero, Valeriana Ferreira y Samuel Valdéz, además de la agente fiscal Elva Cáceres, de la Unidad Especializada Contra el Narcotráfico de Asunción, para que refuercen el trabajo iniciado por el agente fiscal Juan Carlos Blanco, respecto al robo de la carga de 252 kilos de cocaína.
La droga fue remitida al depósito de la armería de la Jefatura de Policía de Amambay, tras su incautación el pasado sábado 10 de enero en la zona de Zanja Pyta, y desde allí desapareció entre la noche del viernes y madrugada del sábado pasado. El Ministerio Público había solicitado al Poder Judicial que la droga sea destruida.
“Por tratarse de un caso complejo y grave, hemos conformado un equipo de trabajo con la agente especializada antinarcóticos de Asunción. Es un caso delicado pues, ocurrió en una dependencia policial. Existe una responsabilidad penal, por tratarse de funcionarios públicos y en ese sentido, creo que debe haber una medida ejemplar para que no vuelva a ocurrir. Tanta es la importancia que le estamos dando a esto que, asignamos a los agentes que coadyuvarán con el fiscal Blanco, para que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias” detalló Díaz Verón.
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Enrique Riera, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. / Celso Ríos, ABC Color
20 de Enero de 2015 12:53
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados analiza abrir una investigación preliminar contra los jueces presuntamente vinculados a narcos, luego del robo de cocaína en Amambay mientras se aguardaba una orden judicial para destruir la carga incautada.
Enrique Riera, titular del Consejo de la Magistratura y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, se refirió a la posibilidad de investigar la actuación del juez Luis Benítez, el magistrado que debía ordenar la destrucción de los 252 kilos de cocaína incautados en Zanja Pytã el pasado sábado 10 de enero.
La carga permanecía “resguardada” en la Jefatura de Policía de Amambay, mientras se aguardaba la resolución judicial para la quema; sin embargo, fue “robada” el sábado 17. La reacción del juez aparentemente se dilató y la destrucción debía disponerse recién esta semana. Las sospechas sobre irregularidades radican en que todo el proceso fue burocrático, pese a que la Fiscalía había advertido sobre el riesgo de que los dueños de la carga intenten recuperar el cargamento, valuado en más de US$ 1.000.000.
Sobre la posibilidad de investigar al magistrado, Riera adelantó que el mismo órgano extrapoder puede iniciar un proceso de oficio, independientemente de la decisión que tome la Corte sobre el caso. “Tenemos facultades para tomar iniciativas”, señaló en contacto con la 780 AM. Indicó que resulta llamativo que el magistrado haya demorado tanto en expedirse cuando se trataba de un caso delicado. “Llama la atención que haya demorado tanto y justo en la semana en que debía hacerse la destrucción se produzca el robo”, apuntó.
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Para la clase política el país está bien -según lo demuestra al presentarse en sociedad con brazos cruzados- cuando la realidad demuestra lo contrario. Nadie se anima a tirar la primera piedra, tal vez por no estar libre de pecado.
20 Enero 2015
Sectores críticos al modelo republicano de gobierno, que instala en el poder a representantes de partidos o movimientos políticos, coinciden en la degradación sistemática que enfrenta el buró del poder debido a casos multiplicados de inacción ante escándalos ocasionados por diversos tipos de bandidaje que comprometen la propia seguridad del Estado.
Cartes se llamó a silencio sobre la entrega de 252 kilos de cocaína en Pedro Juan Caballero, en un procedimiento de tinte cinematográfico donde los inicialmente perjudicados con el millonario decomiso resultaron favorecidos por los mismos policías que debían mantener la droga bajo estrictas medidas de seguridad.
La misma actitud del Presidente adoptó el Congreso nacional, que no atinó a interpelar al ministro del Interior y al comandante de la Policía Nacional, entre otras medidas que se hubiera esperado de los llamados representantes del pueblo.
Los senadores y diputados parecería que no quieren interrumpir sus vacaciones para presentarse a poner orden en la casa, y con su silencio avalan los escándalos en serie protagonizados por narcotraficantes y policías.
En otro escenario, bandas organizadas de contrabandistas surcan las rutas y calles del país con su carga ilegal sin ser molestados para nada, salvo para “colaborar con los muchachos” que ofician de controladores para la compra de asado y cerveza.
En el Norte del país, el ilegal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) demuestra gozar de buena salud.
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Encontrado. El juez Carlos Martínez ordenó la búsqueda del expediente judicial de Portillo en el juzgado de Curuguaty.
Martes 20 de enero de 2015, 01:00
A pesar de haber sido detenido en flagrancia con 8.000 kilos de marihuana en el 2008, el actual intendente de Yby Pytã, Virgilio Portillo Orué, logró sepultar su causa con la colaboración de tres agentes fiscales y un juez penal de Curuguaty, que lo beneficiaron a lo largo del proceso.
El expediente judicial del caso fue encontrado ayer en el juzgado de Curuguaty, luego de que el magistrado Carlos Martínez ordenara su búsqueda. La causa no figura en los registros informáticos del Ministerio Público aunque debería, señalaron varias fuentes de la institución.
El documento encontrado revela una alevosa negligencia de parte de la Fiscalía y del mismo juzgado de Curuguaty, que permitió la extinción de la causa en setiembre del 2013. Dos meses después, Portillo fue electo el primer intendente de Yby Pytã, en Canindeyú.
LOS RESPONSABLES.
Portillo fue detenido en abril del 2008 junto a Simón Benítez en un operativo encabezado por el fiscal Leonardo Cáceres. No obstante, fue el fiscal antidrogas de Canindeyú, Diosnel Giménez, quien lo imputó por la posesión y la plantación de marihuana.
Con 26 años en la época, el político del PLRA pasó tres meses en la cárcel de Ciudad del Este. En julio de ese año, su abogado defensor solicitó la revocatoria de la prisión preventiva y el fiscal que interinó entonces la causa, José Zarza, se allanó a este pedido, por lo que el juez Silvio Flores decidió liberar a Portillo.
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Editorial de ABC Color
La desaparición de una carga de 252 kilos de cocaína de la Jefatura de Policía de Pedro Juan Caballero constituye un hecho gravísimo que debe ser esclarecido y los culpables castigados ejemplarmente. El Presidente de la República, como primer responsable constitucional de la seguridad del Estado y de la sociedad, debe tomar enérgicas medidas administrativas y disciplinarias al más alto nivel del comando institucional de la Policía Nacional. El rol del Estado es mantener el crimen bajo control y prevenir que el mismo no se convierta en una amenaza a la autoridad y a los ciudadanos. Con la inserción del crimen organizado dentro de las estructuras de los principales partidos políticos, ha emergido la “narcopolítica” con poderosos tentáculos en los tres Poderes del Gobierno, con lo que la justicia y la policía han pasado a servir más bien a los intereses de la mafia narcotraficante antes que a los de la sociedad. Si el Gobierno no reacciona, la gobernabilidad se le irá haciendo cuesta arriba, comprometiendo su credibilidad internacional. Definitivamente, la corrupción y la narcopolítica están empujando al país hacia el precipicio.
La misteriosa desaparición de una carga de 252 kilos de cocaína de la Jefatura de Policía de Pedro Juan Caballero en la madrugada del sábado 17 del corriente constituye un hecho gravísimo que debe ser esclarecido y los culpables castigados ejemplarmente, más aún teniendo en cuenta que los custodios de la misma eran policías, cuya misión institucional es precisamente velar por el cumplimiento de la ley. El Presidente de la República, como primer responsable constitucional de la seguridad del Estado y de la sociedad, debe tomar enérgicas medidas administrativas y disciplinarias al más alto nivel del comando institucional de la Policía Nacional, porque como lo reconoció el propio ministro del Interior, Francisco de Vargas, “es claro que hay complicidad de la policía y no estamos hablando de rangos inferiores, esto no se hace sin autorización de los jefes”.
El rol del Estado es mantener el crimen bajo control y prevenir que el mismo no se convierta en una amenaza a la autoridad y a los ciudadanos. Con la inserción del crimen organizado dentro de las estructuras de los principales partidos políticos, ha emergido la “narcopolítica” con poderosos tentáculos en los tres Poderes del Gobierno, con lo que la justicia y la policía han pasado a servir más bien a los intereses de la mafia narcotraficante antes que a los de la sociedad.
Esta “narcopolitización” de la justicia y de la policía ha hecho que ambas instituciones se muestren hoy débiles de cara a las crecientemente sofisticadas organizaciones del crimen. De hecho, puede decirse que la justicia no solo ha permitido que los delitos gocen de impunidad por su incompetencia, sino que en algunas instancias ella ha sido “capturada” por los criminales, en particular por los narcotraficantes. La disfuncionalidad de las instituciones encargadas de velar por la vigencia de la ley y el orden ha socavado las estructuras y eficacia de acción de las mismas. A tal punto esto parece así, que a menudo escuchamos reclamos de los agentes policiales de bajo rango quejarse de la corrupción imperante en los altos niveles burocráticos de la institución, de modo que los suboficiales se ven obligados a costearse de su peculio sus herramientas básicas de trabajo, como proyectiles y uniformes, y hasta alimentos.
Como consecuencia de la corrupción imperante en la cúpula policial, un policía honesto tiene que lidiar con una jerarquía corrupta, la que a menudo se vale de sus subalternos para escalar peldaños en la carrera, o para cometer delitos que les reporten beneficios económicos, como podría ser el caso de los 17 suboficiales investigados y tres imputados del Grupo Especial de Operaciones (GEO) ahora arrestados en Pedro Juan Caballero como sospechosos de entregar la carga de cocaína guardada en la armería de la institución.
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Cabe destacar que el actual Intendente Virgilio Portillo fue detenido en el 2008 en flagrancia con 8.000 kg de marihuana, pero inexplicablemente actualmente no registra antecedentes penales en la Policía, ni en el mismo Ministerio Público.
"Vamos a pedir la expulsión de todos los que estén vinculados con el negocio de las drogas", señaló el parlamentario.
Wagner lamentó la complicidad policial y fiscal ya que a su criterio "la mercancía fue devuelta a los propietario". "El Comandante de la policía no puede desconocer de las debilidades de su institución", señaló.
Lamentó que el Ministro del Interior Francisco de Vargas no actúe con dureza, como corresponde en los casos donde uniformados están metidos en hechos ilícitos. "Lo que buscamos son resultados", cuestionó.
"Sabemos que la complicidad fiscal y judicial permitió el traslado de la mafia de Capitán Bado a Curuguaty", expresó finalmente el legislador.
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Miguel Ángel del Puerto, diputado colorado. Foto: Gentileza.
Lunes 19 de Enero de 2015 | 10:58
Radio UNO
El titular de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, el diputado Miguel Ángel del Puerto (ANR), sostuvo que la desaparición de unos 254 kilos de cocaína en Amambay confirma la existencia de los narcopolicías, narcofiscales y narcojueces.
“Lastimosamente la ciudadanía, cada vez más, tiene menor confianza en la institución que debería dar seguridad. Lo preocupante es que cada vez sorprende menos estos tipos de hechos, eso es lo preocupante”, indicó el parlamentario colorado.
Del Puerto comentó a la radio 650 AM que es necesaria una evaluación interna en las instituciones públicas. “Tenemos que tomar un nuevo rumbo en las filas policiales, fiscales y judiciales”, aclaró.
“Yo creo que con esto, más que nunca, se da por seguridad que existen narcopolicías, narcofiscales y narcojueces. Creo que ningún estrato social o institución está ajena a este grupo criminal”, alertó el congresista.
Los antecedentes refieren que la carga había sido decomisada el pasado 10 de enero en la estancia Camba Cuá de Zanja Pytâ, departamento de Amambay. La misma está vinculada a los concejales departamentales José bogado y César Quevedo, quienes fueron vistos escoltando los estupefacientes.
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Foto: Archivo ÚH.
Enviado por Redacción en enero 18, 2015
En el 2003 Virgilio Portillo fue electo intendente. En la imagen, con el diputado Portillo.
El 9 de abril del 2008, Virgilio Portillo Orué, de 26 años entonces, fue detenido con 8.000 kilos de marihuana picada y 175 kilos prensada. Hoy en día, este político liberal ostenta un prontuario completamente limpio y el cargo de intendente municipal de Yby Pytã, el mismo distrito donde fue arrestado por policías antinarcóticos seis años atrás.
Su hermano, Enrique, fue aprehendido el viernes en su propiedad de Yby Pytã con diez prensas y gatos hidráulicos, una bolsa de marihuana picada y 160 panes de la misma droga. La Fiscalía también emitió una orden de captura para Leonardo Portillo, otro hermano del intendente.
Fuentes de la Policía Nacional señalaron ayer que hay indicios de que los hermanos Portillo trabajan con el capo mafioso Líder Cabral, quien está recluido en una cárcel del Brasil, y con Vilmar Neneco Acosta, ex intendente de Ypejhú y presunto autor moral del asesinato del periodista Pablo Medina y su acompañante Antonia Almada. ÚH intentó ayer comunicarse con Portillo, pero este no atendió las llamadas.
HISTORIA. Virgilio Portillo estaba durmiendo cuando la policía allanó la chacra de la colonia Ka’i Cué donde estaba pasando la noche. En el lugar, los agentes también detuvieron a Simón Benítez González, de 28 años, y encontraron las ocho toneladas de marihuana, una escopeta y equipos para compactar la droga y convertirla en panes.
También hallaron un automóvil Chevrolet Astra –de “dudosa procedencia” según los intervinientes– y una motocicleta Honda Titán. Cuando la policía ingresó y capturó a ambos, otros dos hombres lograron escapar del lugar cubriendo su huida a tiros.
En aquel entonces, ambos detenidos fueron presentados a la prensa como simples “cultivadores”. Agentes que participaron del operativo recordaron que Portillo amenazó de muerte a varios de ellos.
El fiscal que encabezó el procedimiento fue Leonardo Cáceres, quien hoy en día es fiscal de Capitán Bado, Amambay. Consultado sobre el caso y cómo salió en libertad Portillo, el agente sostuvo que no recuerda el caso.
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PEDRO JUAN CABALLERO
Por Cándido Figueredo
La alevosa entrega de los 252 kilos de cocaína que estaba depositada en la armería de la jefatura de policía del Amambay es un claro mensaje del poder que ostenta el crimen organizado que impera en este departamento.
Se suponía que esos 252 kilos de cocaína, incautada el pasado sábado 10 y que comprometería a los concejales César Quevedo (PLRA) y José María Bogado (ANR), estaría seguro ya que estaba en la propia armería de la jefatura de policía con fuerte resguardo policial.
Sin embargo, para los grandes jefes del hampa fronterizo esto no fue obstáculo y ordenaron a los tentáculos del crimen organizado en la policía para que entreguen la carga incautada y así mostrar en forma contundente que nada ni nadie los puede parar en la frontera.
Este hecho es una bofetada a la gente honesta que es una gran mayoría en este departamento, y debe llamar seriamente la atención al ministro del Interior, Francisco de Vargas, para que de una vez por todas se haga una profunda investigación y separar del cuerpo policial a aquellos que se prestan para servir al crimen organizado, olvidando sus responsabilidades ante una sociedad que aspira a vivir sin temor de los traficantes que ostentan poder a base de dinero y balas.
Si los narcotraficantes pueden darse el lujo de llevarse con tanta facilidad una gran cantidad de drogas desde la base central de la policía del Amambay, en donde guardias armados con potentes armas de guerra montan guardia permanente, ya se imaginan la facilidad con la que pueden secuestrar, torturar y asesinar a aquellos que se crucen en sus caminos.
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Lo dijo el senador Robert Acevedo, quien sentenció que denuncias contra narcos “no llegan a nada en PJC”.
El legislador informó que tenía información desde el pasado lunes que los 252 kilos de cocaína vinculados a políticos y guardado en la Jefatura Policial del Amambay, iban a ser “rescatados” por los narcotraficantes.
“Lastimosamente, aquí este tipo de denuncias llega a la nada, ya que fiscales, policías y políticos están ligados a narcos”, apuntó el senador.
"La única oposición que el narcotráfico tiene en el Amambay es la prensa”, sentenció el congresista.
Acevedo vinculó a este cargamento a la esposa del diputado colorado Marcial Lezcano, la Abogada Olga Bogado. El senador señaló que Bogado acompañaba la comitiva que trasladaba la droga el día de su incautación, ya que pertenecía “a un viejo cliente suyo”.
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El fiscal del robo de cocaína de la jefatura de Amambay, Juan Carlos Blanco, dijo que en el transcurso del día podría haber más imputados. No quiso dar detalles sobre la hipótesis de que hubo amenazas con armas entre los propios agentes.
“La imputación puede ser ampliada en cualquier momento; puede que haya más imputados”, indicó el fiscal en entrevista con Radio Canal 100. No quiso referirse específicamente a la versión de que uno de los ya imputados, el suboficial Lucio Recalde, habría amenazado con un arma en la cabeza a otro compañero que vio cómo se robó la droga.
“No le imputé todavía (por la supuesta amenaza) porque tenemos que tener un poco más de datos. Tiene que haber indicios más graves, y más claros… más testigos”, dijo. Lo cierto es que junto con el suboficial Recalde están imputados Santiago Ferreira Coronel y Celso Fleitas. Los tres soportan los cargos de robo agravado, transgresión a la ley de drogas y quebrantamiento del depósito. Aseguró que ya se ha peritado los celulares de todos ellos, quienes están bajo estricta protección. “No quiero entrar en detalles”, indicó, finalmente.
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Los 252 kilos de cocaína que habían sido incautados el 11 de enero pasado y que desaparecieron el sábado 17 último. / ABC Color
19 de Enero de 2015 07:28
La Fiscalía había advertido sobre el plan de "rescate" de los 252 kilos de cocaína, que finalmente se concretó el sábado en Pedro Juan Caballero. Apuntan a autoridades e inclusive no descartan autoría de los mismos concejales de Amambay.
Así lo confirmó el viceministro de Seguridad Interna, Javier Ibarra, quien se refirió a los 252 kilos de cocaína que habían sido incautados el 11 de enero último por agentes de la División Antinarcóticos en la estancia Kamba Kua en el distrito de Zanja Pytã. La carga estaba resguardada en la Jefatura Policial del Amambay, en pleno centro de Pedro Juan Caballero, cuando el sábado último, una semana después del decomiso, desapareció del lugar en circunstancias aún poco claras.
Por el hecho están imputados tres policías: los suboficiales Santiago Ferreira Coronel, Lucio Recalde y Celso Fleitas, quienes manejarían información clave, puesto que estaban al cuidado de la droga cuando se produjo el robo. El subsecretario de Estado indicó que, aunque se identificó a los agentes responsables, aún queda pendiente que caigan otras personas y apuntó inclusive a autoridades. “Los autores materiales están individualizados y arrestados, pero hay negligencia de otras autoridades”, refirió en contacto con Canal 100.
Comentó que la Fiscalía había advertido previamente de que los dueños de la carga intentarían un “rescate”, por lo que se había ordenado la destrucción de la misma como medida preventiva, pero la disposición nunca se concretó. “Teníamos información de que algo iba a pasar, pero no se confirmó ni tampoco hubo proactividad en resguardar esta carga. Te puedo decir que hubo pedido de destrucción de la mercadería esa misma semana”, detalló el viceministro.
Indicó que los responsables de la destrucción “no fueron diligentes en el proceso”, aunque posteriormente señaló que se debían cumplir trámites previos antes el Poder Judicial y otras instancias. Y mientras demoraban los procesos, ya la carga finalmente desapareció.
Al ser abordado sobre las autoridades implicadas, de acuerdo a las hipótesis que maneja, Ibarra mencionó que “hay que investigar a todas las autoridades y todos los que estaban encargados, desde la incautación”. Posteriormente, apuntó a los mismos concejales departamentales César Augusto Quevedo Isnardi (PLRA) y José María Luis Bogado Martínez (ANR), quienes habían sido sorprendidos en las inmediaciones de la zona donde posteriormente se incautó la carga, aquel 11 de enero, en Zanja Pytã.
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Hugo Richer pone como prueba los incontables casos de concejales, intendentes, diputados y dirigentes de base de ambos partidos involucrados públicamente en el tráfico de drogas ilegales.
E'a enero 16, 2015 - 9:54 AM Sin Comentarios Información
Fuente: uhora.com.py
El legislador del Frente Guasu dijo que desde hace años la prensa publica casos en los que los miembros de los dos partidos tradicionales “o están vinculados o directamente trafican marihuana o cocaína”.
“Los casos de José Luis María Bogado Martínez (ANR) y César Augusto Quevedo Isnardi (PLRA), concejales departamentales de Amambay son solo los últimos de una larga lista de colorados y liberales directamente vinculados al narcotráfico”, dijo Richer, aludiendo a los 252 kilos de cocaína encontrados, días pasados, en el interior de la estancia Kamba Kua, ubicado en la colonia Fortuna Guazú del distrito de Zanja Pytã, a unos 20 kilómetros de Pedro Juan Caballero.
Richer también recordó que luego del asesinato del periodista Pablo Medina, en Ypehu, municipio de Canindeju, se publicaron en los medios de comunicación varios nombres y apellidos de diputados pertenecientes a la ANR involucrados en el narcotráfico.
“Yo no recuerdo ahora todos los casos en los últimos 10 o 12 años que son de conocimiento público, pero ahí están en los archivos de la prensa, de la fiscalía y del Poder Judicial y que afectan a políticos de ambos partidos”, expresó el senador del Frente Guasu.
Denominó a la ANR y al PLRA “partidos alquilados por los narcotraficantes”, porque “los narcos compran sus candidaturas y su elección financiando sus campañas electorales en las internas con mucho dinero”. Añadió que “luego vemos a esos candidatos electos autoridades en los casos de tráfico de drogas que se publican en los medios”.
Decenas de concejales municipales, departamentales, dirigentes de base y diputados colorados y liberales fueron vinculados o descubiertos infraganti en el tráfico de drogas ilegales en los últimos 14 años. Muchos de ellos fueron procesados judicialmente a partir de imputaciones de la Fiscalía General del Estado.
http://ea.com.py/v2/senador-afirma-que-anr-y-plra-son-financiados-por-el-narcotrafico/
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César Quevedo (PLRA). / ABC Color
15 de Enero de 2015
CONCEJALES DEPARTAMENTALES CAEN EN NUEVAS INCOHERENCIAS
El dueño de la estancia “Kamba Kua”, del distrito de Zanja Pytã, donde fueron hallados los 252 kilos de cocaína, sería Sizhúo Uemura. Según datos de la Policía Federal del Brasil, se trataría del jefe de un “clan” japonés dedicado al narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos en la frontera y que opera para Fahd Jamil. Los concejales departamentales de Amambay vinculados con el caso cocaína cayeron otra vez en contradicciones.
La estancia “Kamba Kua” está ubicada en la colonia Fortuna Guazú del distrito de Zanja Pytã, localizado a unos 20 kilómetros de Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay.
Según datos que maneja la fiscalía, el establecimiento donde policías de Antinarcóticos hallaron 252 kilos de cocaína el sábado último sería del brasileño-japonés Sizhúo Uemura.
El operativo se llevó a cabo a las 16:30 aproximadamente del sábado por efectivos de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional. El valor de dicha cantidad de droga en nuestro país sería 800.000 dólares, según las fuentes.
De acuerdo a datos de la Policía Federal del Brasil el clan Uemura, presuntamente dirigido primero por Celio Uemura (fallecido) y después por Sizhúo Uemura, enviaba droga en urnas funerarias al Brasil. También fue vinculado con la falsificación de billetes a mediados de la década pasada.
El supuesto narco Sizhúo Uemura tiene tres agencias funerarias en Amambay.
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/ ABC Color
15 de Enero de 2015
DIPUTADOS CUESTIONADOS ACOMPAÑARÁN CAMPAÑA DEL TITULAR DE LA CÁMARA BAJA
El presidente Horacio Cartes dio la “bendición” al titular de la Cámara Baja, Hugo Velázquez, para iniciar su campaña a la Junta de Gobierno, según informaron. Su equipo lo integran la diputada Cristina Villalba, protectora del prófugo “Neneco” Acosta; Freddy D’Ecclesiis investigado por narcotráfico; Óscar Núñez y Carlos Núñez, imputados por lesión de confianza y evasión de impuestos, y Jorge Baruja, quien utilizó viáticos estatales para viajar a Cancún.
El presidente de Diputados, Hugo Velázquez, mantuvo ayer una reunión con 21 legisladores que acompañan su precandidatura para la titularidad de la Junta de Gobierno. El parlamentario informó a sus colegas que el presidente Horacio Cartes le dio “luz verde” para iniciar su campaña.
Fuentes del Ejecutivo señalan que la intención del mandatario es “medir” las fuerzas partidarias de ambos precandidatos, Hugo Velázquez y Mario Abdo Benítez, para lograr el consenso en el mes de febrero, donde todo apunta a que el favorecido será el exfiscal.
Por otra parte, la presidenta de la ANR, Lilian Samaniego, sería designada jefa de campaña del candidato oficialista para la Junta de Gobierno.
El titular de la Cámara Baja cuenta con el apoyo de varios diputados cuestionados por narcotráfico y otros imputados por supuestos delitos (ver infografía).
El diputado por Paraguarí Clemente Barrios será el responsable del calendario de actividades a realizar con los dirigentes en los departamentos del país.
Gneiting y Zacarías
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