REDACCIÓN SDPNOTICIAS.COM
lun 8 dic 2014 11:59
Tabesa, propiedad del presidente paraguayo Horacio Cartes, distribuye seis de las marcas de cigarrillos que más se venden de forma ilegal en México.
El contrabando de tabaco en México es un fenómeno que lleva varios años y tiene muchos orígenes. Pero a diferencia de otras marcas, de países como Vietnam o Indonesia donde no hay datos ni direcciones, las de Paraguay son rastreables completamente.
En el anverso de muchas de las cajetillas paraguayas confiscadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris): llevan la leyenda “Producido en Tabacos del Este SA”. Dirección: Ybyrá Pita y Mandarinas-Villa Conavi II.
Esta es la compañía propiedad de Horacio Cartes, el presidente número 56 de Paraguay, quien participará esta semana en la Cumbre Iberoamericana en Veracruz, dueño del Club Libertad. Uno de los hombres más ricos de su país y cuya corporación, presume en su sitio de internet, “está en constante crecimiento”.
En julio pasado, la Cofepris emitió alertas para las siguientes marcas de la empresa de Cartes: Ibiza, Laredo, San Marino, San Marino Rojo, San Marino Verde y Palermo. En México, sus productos alimentan algunas de las organizaciones criminales, afecta al erario nacional y pone en jaque los esfuerzos por reducir el consumo de tabaco entre la población.
“Una de las preocupaciones principales es su bajo costo, de 10 pesos por cajetilla, lo que les hace más accesibles a sectores altamente vulnerables, como adolescentes y niños", dijo Álvaro Pérez, comisionado de Operación Sanitaria de la Cofepris.
07 DE DICIEMBRE DE 2014 11:49
Por Juan Carlos Lezcano F.
Documentos de Paraguay, Brasil y Estados Unidos, mensajes de texto y llamadas interceptados por la Senad dan cuenta de que políticos y narcotraficantes forman parte de una intrincada red en la que el poder se mezcla con el negocio de las drogas.
“Apoyame a mí para diputado y vas a ver actuar a un diputado que vale!” (sic), ese es uno de los tantos mensajes que le escribió el hoy diputado por Concepción Bernardo Villalba al condenado cabecilla del Primer Comando Capital, Carlos Antonio Caballero, alias “Capilo”. Era el 13 de febrero de 2011, faltaba poco menos de un mes para las internas partidarias de la ANR y el exjuez de Pedro Juan Caballero comenzaba a preparar su candidatura de cara a las elecciones generales de 2013.
Villalba intentó negar por todos los medios que le hubiera pedido algún tipo de apoyo al narcotraficante que en aquel entonces afrontaba un proceso judicial que terminó con su condena este año. Sin embargo, en los mensajes que intercambió con “Capilo” llegó incluso a pedirle la suma de US$ 5.000 para las elecciones partidarias de marzo de aquel año.
El diputado del primer departamento es tan solo uno de los tantos políticos que han sido vinculados de alguna u otra manera con el narcotráfico.
2014-12-01 | ABC DIGITAL | Nacionales
Dinero para financiar campañas electorales, whisky, cerveza y agua para paladares exquisitos para suspender audiencias judiciales, visitas a penales de alta seguridad sin dejar huellas y planificación de ley para favorecer a criminales y que no terminen extraditados a países con penas más severas son algunos de los reveladores mensajes entre un narco y el diputado Bernardo Villalba en el 2011. Las interceptaciones a las que accedió nuestro diario se hicieron al celular del narco Carlos Antonio “Capilo” Caballero, considerado el principal proveedor de droga del peligroso Primer Comando Capital (PCC) del Brasil.
Febrero 2011. Los mensajes de texto cruzados entre el narcotraficante Carlos Antonio Caballero, alias “Capilo”, con el abogado y hoy día diputado Bernardo Villalba son reveladores.
Faltaba un mes para las internas de autoridades de la ANR en todo el país. Mientras, los organismos de seguridad del gobierno de Fernando Lugo hacían escuchas telefónicas a los principales narcotraficantes presos: Habían logrado suspender varias veces sus audiencias, seguían despachando enormes cargas de droga, según refería la Policía Federal brasileña... y preparaban con paciencia la aprobación de una ley para, en caso de terminar condenados, no ser extraditados al Brasil. Allí las penas son más severas.
La impunidad con la que se movían quedó asentada en textos.
Narcos. Villalba (i) y D’Ecclesiis (d), dos de los legisladores acusados de tener nexos directos con narcotraficantes.
lunes 1 de diciembre de 2014, 01:00
En la Cámara Baja señalan que no pueden iniciar ninguna acción contra Marcial Lezcano, Bernardo Villalba y Freddy D'Ecclesiis mientras no exista un pedido de desafuero por parte de la Fiscalía.
Los diputados colorados Bernardo Villalba, Marcial Lezcano y Freddy D'Ecclesiis son tres de los legisladores nombrados como sospechados de tener vínculos directos con el narcotráfico y que incluso sus campañas electorales habrían sido financiadas por dinero mal habido. Los tres aparecen en la denuncia que hizo el Senado ante la Fiscalía.
A pesar de las pruebas de las presuntas conexiones proveídas por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), los tres legisladores seguirán ocupando sus bancas.
Esto debido a que para las autoridades de la Cámara Baja debe existir un pedido oficial de la Fiscalía para que los diputados sean desaforados para ser sometidos a investigación y, posteriormente, a los castigos administrativos que puedan aplicarles sus pares.
En varias ocasiones, el propio titular de la Cámara de Diputados, el colorado Hugo Velázquez, manifestó que desde la institución a su cargo no pueden hacer nada, ni suspender ni sancionar a sus colegas y mucho menos dejarlos sin los fueros mientras no exista una orden judicial que solicite el desafuero.
De esta manera, los diputados acusados de tener nexos con el narcotráfico seguirán gozando campantemente de los privilegios y las influencias que les otorga ocupar una banca en la Cámara Baja.
DENUNCIA. La Cámara de Senadores presentó días atrás la denuncia al Ministerio Público, donde se mencionan los nombres de políticos pertenecientes al Partido Colorado, señalados por la Senad como vinculados al narcotráfico.
Entre estos nombres figuran, a más de Lezcano (diputado por Amambay); Villalba, (diputado por Concepción), y D'Ecclesiis, (diputado por San Pedro), todos del movimiento Frente para la Victoria; a la parlasuriana cartista Concepción Cubas de Villaalta; al ex diputado concepcionero Magdaleno Silva; y al diputado suplente por Amambay, Carlos Rubén Sánchez, alias Chicharô.
La denuncia la realizaron después de una presentación pública hecha en el pleno de la Cámara Alta, ocasión en que presentaron pruebas contra los políticos de la ANR.
Escrito por Editor Publicado en NOTICIAS DEL DIA
Sábado, 29 Noviembre 2014 10:50
Un grupo de abogados del Alto Paraná autodenominados miembros de la Asociación de Abogados Pasilleros está activando fuertemente en contra de un proyecto de ley con el cual se pretende que los procesos contra el narcotráfico sean tramitados en la capital del país.
Los letrados iniciaron una serie de manifestaciones en Ciudad del Este. El miércoles pasado fueron hasta Asunción para dar su apoyo al diputado colorado Bernardo Villalba y Freddy D’Ecclesiis, sindicados de tener vínculos con el narcotráfico.
En un audio que corre por las redes sociales se escucha a una de las abogadas informando de que van a crear una radio comunitaria para contrarrestar las denuncias.
El diputado Villalba subió la foto del encuentro en su perfil del Facebook el miércoles pasado. En la misma se le puede identificar a los abogados Nilsa Casco, Emilia Sanabria, Orlando Paiva, entre otros, además del diputado Carlos Portillo. En la descripción de la imagen refiere que se trató de una reunión con “representantes de la Federación de Abogados de Alto Paraná, quienes expusieron su postura acerca del proyecto de ley “De Extinción de Dominio”.
Sin embargo, en un audio que corre en las redes sociales se le escucha a la abogada Casco explicando a sus colegas el verdadero tenor del encuentro.
“Llegamos a la meta, estaban esperando nuestra presencia y en especial el diputado Villalba que es una de las víctimas, como nosotros de parte de este grupo de congresistas. Nos pidió apoyo, por favor vamos a generar conciencia a nivel país. Están en contra de esta ley especial y contra de la ley de extinción de dominio”.
Diputado colorado Bernardo Villalba
30-11-2014
Por Mabel Rehnfeldt y Juan Carlos Lezcano F.
Mensajes de 2011 revelan la existencia de narcopolíticos.
Financiamiento de campañas electorales, sobornos en procesos judiciales e influencia para crear leyes que favorezcan a narcos se confirman en mensajes intercambiados entre el diputado colorado Bernardo “Lalo” Villalba y el traficante Carlos Antonio Caballero, alias Capilo. Textos y audios captados en 2011 cuando vigilaban a Capilo comprometen a Villalba, al exdiputado José López Chávez y se extienden a jueces. ABC Color inicia hoy una serie que halló reveladores documentos hasta en EE.UU. y Brasil.
“Whisky Johnny Etiqueta Azul. Una caja Agua Perrier y una caja Skol grande. Eso cuesta suspender la audiencia del 17” (sic). Fue el mensaje que escribió en su celular el actual diputado colorado Bernardo “Lalo” Villalba el 14 de febrero de 2011 a las 10:15 de la mañana. El mensaje de texto fue recibido segundos después en la Agrupación Especializada de la Policía (AEP) por el narco Carlos Antonio Caballero alias Capilo, considerado como el mayor proveedor de droga del Primer Comando Capital (PCC) del Brasil.
Tres días después de esa promesa de suspensión por la módica suma de un whisky, el agua más cara del mundo y una cerveza para paladares refinados, el juez Penal de Garantías Hugo Sosa Pasmor coincidentemente suspendía la audiencia preliminar que debía realizarse para Jarvis Chimenes Pavão y Carlos Antonio “Capilo” Caballero debido a que no se habían presentado algunos abogados defensores de los mismos.
Foto: Archivo ÚH
Por Dra. Kattya González, Presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay
23 de Noviembre de 2014.
La fragilidad democrática que se visualiza dramáticamente en cada elección donde el dinero mal habido permite que personas con dudosos antecedentes y vínculos directos con el crimen organizado accedan a una banca en el Congreso, nos debe llamar como sociedad a una profunda reflexión.
A boca llena los indiciados alardean impunemente que llegaron a ser Diputados y Senadores por imperio de “la voluntad popular”. En principio el impresentable ladrón de galletas, tan delincuente como los otros y los honorables narcopolíticos tienen razón, sin embargo, en esta inconsistente democracia lo que no se discute es lo esencial: esas personas no están ocupando un espacio para discutir la manera en cual combatiremos los conmovedores guarismos que hablan, que más de la mitad de los paraguayos se debaten entre la pobreza y la miseria; ellos (los narcopolíticos) están ahí para defender sus intereses, para influenciar en la justicia y garantizar así una impunidad perpetua.
De izq. a der.: Benito Ramón González, presidente de la circunscripción judicial de Canindeyú; Ramón Trinidad Zelaya, juez de liquidación y sentencia; Lorenzo Lezcano, fiscal antidrogas; Samuel Silvero Martínez, juez de garantías; y Luis Maidana, cónsul paraguayo en Guaíra; séptimo, la diputada Villalba, y octava la jueza Silvia Isidora Cuevas. / ABC Color
24 de Noviembre de 2014
MUEVEN INFLUENCIAS PARA LIBERAR A DETENIDOS POR MUERTE DE MEDINA
El clan Villalba tiene como prioridad liberar a los presuntos “narcosicarios”, detenidos actualmente en la cárcel de Cnel. Oviedo, ante el temor de que estos abran la boca y lo comprometan en la muerte de nuestro corresponsal en Curuguaty, Pablo Medina, y de la joven Antonia Almada.
Conforme nuestras fuentes, el grupo de los Villalba, encabezado por los hermanos políticos colorados Cristina Villalba, diputada por Canindeyú, y Carlos “Cabrito” Villalba, intendente de La Paloma del Espíritu Santo, está moviendo sus influencias para sacar de la cárcel a los hermanos Cecilio Ramoa, Fermín Ramoa, además de Eliodoro Ramón Ibáñez y Carlos Marmolejo, quienes fueron detenidos por la Policía Nacional en operativos realizados entre la noche del jueves y madrugada del viernes 16 y 17 de octubre, respectivamente. El doble crimen de nuestro corresponsal en Curuguaty Medina y de Almada se produjo el 16 de octubre.
Los Villalba asimismo están por forzar el sobreseimiento definitivo de Pablo Rubén Jara González, procesado por narcotráfico, que se desempeña como jefe del Distrito 14 del MOPC en la zona de Curuguaty. Este funcionario del MOPC es el hombre de confianza del gobernador Alfonso Noria (ANR), quien le dio el visto bueno para lanzarse como candidato a la intendencia para el próximo periodo 2015-2020, pero habría recibido las instrucciones del ejecutivo departamental de que primero resuelva su problema con la justicia. Es por eso que supuestamente pidieron auxilio al clan Villalba para presionar a los jueces y fiscales de Curuguaty, refieren nuestras fuentes.
La diputada colorada de Canindeyú, Cristina Villalba, posa abrazada al narcotraficante Vilmar “Neneco” Acosta (d), actualmente prófugo de la justicia por asesinato y drogas. / ABC Color
24 de Noviembre de 2014.
El sicariato de la mafia fronteriza, dominada por la narcopolítica, y a la que está vinculado el clan Villalba, siembra terror en Curuguaty y otras localidades de la zona baja de Canindeyú. Se trata del mismo grupo que asesinó a nuestro corresponsal, Pablo Medina, y a la joven Antonia Maribel Almada. La población se siente amenazada por los malvivientes y no cuenta con la mínima garantía de seguridad. El anuncio del Gobierno del presidente Horacio Cartes de que con el envío de más personal a la “zona roja” de Canindeyú daría seguridad a la población no es más que un discurso, ya que la propia Policía asumió que no se puede hacer absolutamente nada porque no existe respaldo de sus superiores y del Ministerio Público.
Según datos, supuestamente la misma diputada Cristina Villalba (ANR) y su hermano Carlos “Cabrito” Villalba (ANR), intendente de La Paloma del Espíritu Santo, dominan el fronterizo departamento de Canindeyú con ausencia total de las autoridades nacionales.
Las instituciones que deben garantizar la seguridad de los ciudadanos e impartir justicia tambalean ante la influencia de la parlamentaria, a quien califican como una persona de carácter fuerte y fría a la hora de enfrentar a sus enemigos. El clan Villalba, con los hermanos Acosta Marques, de Ypejhú, ganaron el dominio en la zona baja de Canindeyú, desplazando a los Giménez Suárez, a quienes declararon una guerra abierta durante años.
Los implicados negaron ante los periodistas las acusaciones del senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Arnaldo Giuzzio, de centro izquierda.
viernes 21 de noviembre 2014.
El legislador Arnaldo Giuzzio, ex fiscal antidrogas e integrante del Partido Democrático Progresista, dio a conocer en plena sesión una lista basada en datos de escuchas telefónicas y otras evidencias.
El diputado Bernardo Villalba, del oficialista Partido Colorado y uno de los aludidos, dijo: "Cuando estuve en el ejercicio de la profesión de abogado defendí al brasileño Jonathan Wink Soligo, acusado por asunto de drogas, y conseguí su libertad. El fiscal acusador fue Giuzzio y recuerdo que me llenó de improperios al término de la audiencia en los tribunales". "Sólo me gané la vida de forma honesta con mi profesión", agregó.
Giuzzio presentó como presuntas pruebas informaciones confidenciales de organismos estatales de lucha contra el narcotráfico, además de los datos que recogió durante los 10 años que fue agente del Ministerio Público.
"Se tomó la decisión de revelar estas informaciones para demostrar ante la sociedad que hay legisladores dispuestos a dar la cara contra el narcotráfico y que nos resistimos a ser estigmatizados con este esquema de terror", dijo durante su intervención.
Freddy D'Ecclesiis, diputado del Partido Colorado, dijo sobre las alegaciones: "Son totalmente irresponsables las expresiones de Giuzzio al vincularme con mi hermano Raúl, quien en 2004 fue aprehendido con un cargamento de cocaína".
"Pero mi hermano fue condenado a seis años de cárcel y ya pagó su error. Hoy no tiene cuentas con la justicia y tampoco yo, ni siquiera tengo antecedentes de pelea callejera", acotó.