01 Diciembre 2014
Últimamente los partidos políticos y en especial la ANR son refugios de narcopolíticos. Con un poco de plata, les abren las puertas y les facilita el camino para elegirse. Y una parte ignorante o fanática del pueblo lo elige. Igualmente, la vinculación de políticos al narcotráfico ya se registra desde hace varios años en el país, pero los diferentes gobiernos, por su grado de poderíoeconómico e influencias fueron tapando los casos y los convierten en honorables autoridades.
La vinculación de parlamentarios con la mafia se puede comprobar fehacientemente a través de las escuchas telefónicas. Ante esta situación ya empezaron a abrir el paraguas. Varios diputados manifestaron su preocupación ante la posible intervención de sus llamadas telefónicas. La inquietud se produjo luego de revelarse un cruce de llamadas mediante el cual se identificó a posibles narcopolíticos. Para tratar de impedir la investigación dicen que se estaría violando la intimidad de autoridades parlamentarias. “Somos hombres públicos, pero eso no implica que no podamos tener intimidad”, argumentan. Sin embargo, sin son hombres de bien y no tienen nada que esconder, tampoco deberían de tener temor.
La narcopolítica fue creciendo en nuestro país por la corrupción imperante en el país y la vinculación de funcionarios públicos, que aparentemente fueron comprados por los parlamentarios o por los mismos narcotraficantes, que los utilizan como títeres para que sus negocios no tengan ningún problema. Los resultados saltan a la vista en todos los ámbitos, policías, jueces, funcionarios públicos, fiscales y otros, estrenan lujosas viviendas y se movilizan en vehículos últimos modelos, que con sus salarios jamás van a tener.
La presencia de los narcopolíticos y los narcotraficantes en la sociedad paraguaya es un secreto a voces. La Fiscalía omitió siempre la investigación porque no había denuncias formales y además porque el objetivo principal era desarticular una estructura del crimen organizado y no investigar a los narcopolíticos empotrados en la sociedad y en la esfera gubernamental.
Actualmente la Fiscalía Antidrogas lleva a cabo una investigación sobre los narcopolíticos, porque la misma Cámara de Senadores, en sesión plenaria, a través del senador Arnaldo Giuzzio expuso las denuncias dando, con el acompañamiento de la plenaria, los nombres y apellidos de los supuestos implicados.
La vinculación de la clase política con el narcotráfico empezó a tener repercusión tras la muerte del periodista Pablo Medina, siendo el principal imputado como autor moral del crimen el exintendente colorado de Ypejhú, Vilmar "Neneco" Acosta. La investigación se inició netamente por la denuncia presentada por el Senado, o sea que si no hubiera ocurrido el lamentable asesinato del periodista Pablo Medina y su asistente Antonia Almada, y los parlamentarios no realizaban la denuncia, los narcopolíticos iban a seguir operando con total ilegalidad, gracias a la inutilidad y complicidad del Ministerio Público.
Otra llamativa actitud es la tomada por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), su titular Luis Rojas, declaró ante la Fiscalía que el informe presentado en el Senado sobre los políticos vinculados al narcotráfico es un cuadro de situación sobre varios casos judiciales abiertos y que tienen sustento en evidencias telefónicas. Lo que significa que hace rato manejaban los datos y nunca lo denunciaron, lo que también se encuadra dentro de la complicidad e inoperancia. En pocas palabras se trataría de un gran negociado.
Los denunciados como vinculados al narcotráfico son Marcial Lezcano (diputado por Amambay), Bernardo Villalba (diputado por Concepción) y Freddy D'Ecclesiis (diputado por San Pedro). Además, la parlasuriana Concepción Cubas de Villaalta (de Amambay), el exdiputado Magdaleno Silva (de Concepción) y el diputado suplente de Amambay Carlos Chicharõ Sánchez.
El titular de la Senad indicó que hay muchos casos y que a través de auditorías van a salir a relucir más nombres de parlamentarios vinculados con el narcotráfico. La población se siente amenazada por los malvivientes y no cuenta con la mínima garantía de seguridad. El anuncio del Gobierno del presidente Horacio Cartes de que con el envío de más personal a la “zona roja” de Canindeyú daría seguridad a la población no sería más que un discurso, ya que la propia Policía asumió que no se puede hacer absolutamente nada porque no existe respaldo de sus superiores y del Ministerio Público.
Las instituciones que deben garantizar la seguridad de los ciudadanos e impartir justicia tambalean ante la influencia de la parlamentaria, a quien califican como una persona de carácter fuerte y fría a la hora de enfrentar a sus enemigos. La población está entre una encrucijada, porque los narcotraficantes de alguna forma se han apoderado de la esfera del poder, si los mismos políticos no son narcotraficantes, son convertidos por los delincuentes en simples títeres.