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narcopolíticos122 Diciembre 2014
El 2014 fue el año de las grandes denuncias, las que despertaron esperanzas de cambio en gran parte de la ciudadanía. Pero finaliza sin que haya pasado nada que destacar. Los narcopolíticos siguen tan campantes, igual que los grandes contrabandistas descubiertos con las manos en la masa. Fue un año de denuncias sin consecuencias.
ASUNCIÓN.- Los decomisos de azúcar de contrabando encontrada en depósitos pertenecientes a Antonio J. Vierci sumaron miles de toneladas y mostraron pruebas irrefutables de que el poderoso hombre de negocio trabaja al margen de la ley.
Al principio parecía que se hacían bien las cosas; la Unidad Anticontrabando de la Fiscalía tomó las riendas e inició la investigación. El primer decomiso fue en abril pasado y luego vinieron otros. Pero resulta que llegó diciembre sin que haya ningún imputado mientras que todas las pruebas apuntan a los responsables del Grupo Vierci.
Mientras todo esto ocurría, el señor Vierci, cabeza del grupo, siguió mostrándose en la alta sociedad como un hombre exitoso y poderoso y no como el contrabandista que los papeles incautados por el Ministerio de Industria y Comercio demostraban que era. Y el año próximo seguirá gozando de la fresca viruta porque lamentablemente en este país los poderosos como él están más allá del bien y del mal y la justicia no puede alcanzarlos.
Mientras tanto, la Unión Industrial del Paraguay llora y reclama la falta de resultados efectivos en la lucha contra el contrabando. Pero sus miembros se codean con Vierci como uno de los suyos. Y de hecho lo es, no solo como empresario sino como contrabandista, porque si algo podemos asegurar, que este señor no es el único poderoso que se hizo rico metiendo productos de contrabando al país.
En el ámbito político las cosas no son mejores. Nos llenamos de satisfacción cuando el senador Arnaldo Giuzzio puso nombres a los narcos metidos a políticos y en voz alta los denunció en una sesión que, a esta altura, ya es histórica.

La carpeta con los resultados de la investigación realizada por la Secretaría Nacional Antidrogas y publicada por el Senado fue entregada rápidamente al Ministerio Público, en donde ya aguardaba para empezar las investigaciones el fiscal adjunto de la Unidad de lucha contra el Narcotráfico, Marco Alcaraz.
Y otra vez tuvimos que bancarnos que no pasara nada. Ninguno de los denunciados como narcopolítico está imputado, no hay ningún desafuero solicitado; en fin, los narcos que ocupan bancas en el Congreso y cargos electivos en el interior del país pueden seguir haciendo pingues negocios, total, en este país no pasa nada.
IMPUNIDAD ABSOLUTA
Este fue el año de los desafueros en el Congreso. Varios senadores y diputados han tenido que soportar que la Fiscalía los impute y la Justicia los juzgue como ciudadanos comunes, pero la cosa no pasó de ahí. No hay ningún político preso ni condenado a pesar de la variedad de delitos cometidos.
Nadie se mete en política en este país buscando el bien común. Sin importar el partido político al que pertenezcan, la gran mayoría de los que ingresan a ese mundo y acceden a un cargo electivo, lo que hace es buscar impunidad para todo tipo de tropelías, ya sean pasadas, presentes o futuras.
Es lamentable tener que escribir esto pero no podemos seguir negando la realidad. Nadie ya cree las promesas que hacen los aspirantes a cargos cuando están en campaña proselitista. Sabemos que sin importar su trayectoria, lo primero que hará al acceder a dicho cargo será apoderarse de todo lo que pueda para no estar desprotegido cuando lleguen las vacas flacas. En ese camino, también beneficiará a su familia y entorno, porque lo único que le importa es eso, que él y los suyos no sufran escases de ninguna clase.
Esto lo decimos por los que no tienen antecedentes negativos antes de llegar a la meta. Porque también están los otros, los que se postulan y la Justicia Electoral los habilita para competir en elecciones a pesar de sus frondosos antecedentes delictivos, y que mientras hacen discursos en sus pueblos asegurando que lo único que quieren es el progreso de todos, lo que en realidad buscan es un “blanqueo” ante la ley, algo que solo pueden conseguir en Paraguay, en donde los delincuentes son respetados y protegidos por un sistema perverso y corrupto.
No hay ministro, del gobierno que fuere, que no esté denunciado y procesado por algún negociado. Pero ninguno está preso. Igual ocurre con los legisladores, intendentes municipales, gobernadores, concejales departamentales y municipales, y hasta ministros de la Corte Suprema de Justicia, de la Justicia Electoral, jueces de toda la República y fiscales ídem.
No hay cargo público que no sea utilizado por los badulaques para escaparse del castigo legal. Y aunque varios de estos badulaques están procesados, ninguno ha pisado hasta ahora la cárcel. Decimos hasta ahora porque nos cuesta perder la esperanza de que la impunidad ha llegado a su techo y a partir de allí, sólo queda combatirla.
EL AÑO DE LOS DESAFUEROS
El 2014 rompió con el esquema de impunidad montado en las cámaras del Congreso a través de los fueros que concede la Constitución a los legisladores, mérito de la indignación ciudadana que generó una reacción colectiva que obligó a los senadores a rever su rechazo al desafuero de Víctor Bogado por estafa y cobro indebido de salario en el caso de la “niñera de oro”. A partir de esta situación, ambas cámaras decidieron dar curso rápido a todos los desafueros solicitados por la Justicia y así siguieron a Bogado en el Senado el liberal Enzo Cardozo y el luguista Carlos Filizzola. Ambos, denunciados por mal ejercicio de sus funciones mientras fueron ministros, uno de Agricultura y el otro del Interior. En la Cámara de Diputados los desafueros también fueron varios: el primero fue el liberal Milciades Duré, por lesión de confianza de cuando era director del Indert; el colorado José María Ibáñez por el caso de sus caseros.
En su última sesión ordinaria del año, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del colorado Carlos Núñez y el liberal Édgar Acosta, a quienes la Fiscalía y la Justicia investigarán por varios delitos.
Núñez está imputado por evasión de impuesto y producción de documentos falsos el año pasado, presuntamente por haber ingresado al país de manera ilegal un cargamento de decodificadores cuyo importe superaba los un millón de dólares y falsificar documentos para pagar menos impuesto.  El juez Humberto Otazú solicitó su desafuero en junio pasado y tuvieron que pasar 6 meses para que la cámara diera curso al pedido.
En cuanto a Acosta, está acusado por administración en provecho propio mientras era presidente de la Industria Nacional del Cemento (INC), específicamente por haber entregado supuestamente bolsas de cemento a empresas de su entorno. Si este fue el año de los desafueros, esperemos que el próximo sea el de las condenas.
http://www.adndigital.com.py/index.php/politica/958-ano-de-denuncias-sin-consecuencias

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