20 de Enero de 2015
Editorial de ABC Color
La desaparición de una carga de 252 kilos de cocaína de la Jefatura de Policía de Pedro Juan Caballero constituye un hecho gravísimo que debe ser esclarecido y los culpables castigados ejemplarmente. El Presidente de la República, como primer responsable constitucional de la seguridad del Estado y de la sociedad, debe tomar enérgicas medidas administrativas y disciplinarias al más alto nivel del comando institucional de la Policía Nacional. El rol del Estado es mantener el crimen bajo control y prevenir que el mismo no se convierta en una amenaza a la autoridad y a los ciudadanos. Con la inserción del crimen organizado dentro de las estructuras de los principales partidos políticos, ha emergido la “narcopolítica” con poderosos tentáculos en los tres Poderes del Gobierno, con lo que la justicia y la policía han pasado a servir más bien a los intereses de la mafia narcotraficante antes que a los de la sociedad. Si el Gobierno no reacciona, la gobernabilidad se le irá haciendo cuesta arriba, comprometiendo su credibilidad internacional. Definitivamente, la corrupción y la narcopolítica están empujando al país hacia el precipicio.
La misteriosa desaparición de una carga de 252 kilos de cocaína de la Jefatura de Policía de Pedro Juan Caballero en la madrugada del sábado 17 del corriente constituye un hecho gravísimo que debe ser esclarecido y los culpables castigados ejemplarmente, más aún teniendo en cuenta que los custodios de la misma eran policías, cuya misión institucional es precisamente velar por el cumplimiento de la ley. El Presidente de la República, como primer responsable constitucional de la seguridad del Estado y de la sociedad, debe tomar enérgicas medidas administrativas y disciplinarias al más alto nivel del comando institucional de la Policía Nacional, porque como lo reconoció el propio ministro del Interior, Francisco de Vargas, “es claro que hay complicidad de la policía y no estamos hablando de rangos inferiores, esto no se hace sin autorización de los jefes”.
El rol del Estado es mantener el crimen bajo control y prevenir que el mismo no se convierta en una amenaza a la autoridad y a los ciudadanos. Con la inserción del crimen organizado dentro de las estructuras de los principales partidos políticos, ha emergido la “narcopolítica” con poderosos tentáculos en los tres Poderes del Gobierno, con lo que la justicia y la policía han pasado a servir más bien a los intereses de la mafia narcotraficante antes que a los de la sociedad.
Esta “narcopolitización” de la justicia y de la policía ha hecho que ambas instituciones se muestren hoy débiles de cara a las crecientemente sofisticadas organizaciones del crimen. De hecho, puede decirse que la justicia no solo ha permitido que los delitos gocen de impunidad por su incompetencia, sino que en algunas instancias ella ha sido “capturada” por los criminales, en particular por los narcotraficantes. La disfuncionalidad de las instituciones encargadas de velar por la vigencia de la ley y el orden ha socavado las estructuras y eficacia de acción de las mismas. A tal punto esto parece así, que a menudo escuchamos reclamos de los agentes policiales de bajo rango quejarse de la corrupción imperante en los altos niveles burocráticos de la institución, de modo que los suboficiales se ven obligados a costearse de su peculio sus herramientas básicas de trabajo, como proyectiles y uniformes, y hasta alimentos.
Como consecuencia de la corrupción imperante en la cúpula policial, un policía honesto tiene que lidiar con una jerarquía corrupta, la que a menudo se vale de sus subalternos para escalar peldaños en la carrera, o para cometer delitos que les reporten beneficios económicos, como podría ser el caso de los 17 suboficiales investigados y tres imputados del Grupo Especial de Operaciones (GEO) ahora arrestados en Pedro Juan Caballero como sospechosos de entregar la carga de cocaína guardada en la armería de la institución. Los jueces y fiscales son quizá peores. Desde los tiempos de la dictadura stronista, el Paraguay está catalogado como “bastión de impunidad”. En tal sentido, se estima que en nuestro país solo uno de cada cinco crímenes es plenamente investigado, y son menos aun los que terminan con una sentencia firme y ejecutoriada. Para peor, la mayoría de los condenados lo son por robos y otros delitos menores, antes que por crímenes más graves, como asesinato, narcotráfico, secuestro o extorsión. Como vergonzoso botón de muestra de esta lamentable realidad está el caso del asesinato de nuestro periodista Pablo Medina y de su acompañante. Tras más de tres meses transcurridos desde el alevoso crimen, hasta ahora la policía y la fiscalía no han podido aprehender a ninguno de los principales sospechosos de ser los autores morales y materiales del horrendo asesinato y, salvo algún sesgo institucional inopinado, todo indica que el mismo podría ir al consabido “oparei”.
La misteriosa desaparición del gran cargamento de cocaína que la policía sospecha podría pertenecer a dos concejales departamentales de Amambay –César Augusto Quevedo Isnardi (PLRA) y José María Luis Bogado Martínez (ANR)– tiene profundas implicaciones políticas y de seguridad. Por un lado, confirma que la narcopolítica no es producto de la imaginación de la gente, como algunos sostienen, sino una real amenaza para la gobernabilidad democrática de la República. Por el otro, deja al descubierto que el Gobierno carece de una política de seguridad nacional que delinee las responsabilidades de los organismos de seguridad del Estado que tienen que ver con el combate al crimen organizado.
Con lo sucedido en la capital del Amambay, el presidente Horacio Cartes confronta un serio desafío, tal vez más delicado que su propia estrategia de gobierno. En primer lugar, debe exigir al ministro del Interior el rápido esclarecimiento del insólito suceso, con identificación plena de los responsables de la desaparición del cargamento de droga, tanto policías como particulares. En segundo término, debe vigilar que el procedimiento que emplee su ministro del Interior para traerle un rápido resultado de la investigación sea exhaustivo, ecuánime, justo y transparente. Porque de no ser así, el producto de la investigación puede convertirse en una piedra en el zapato del Presidente, con consecuencias políticas peores que el hecho que lo originó.
Esclarecido el delito, el Presidente de la República necesariamente tendrá que reestructurar el comando institucional de la Policía Nacional para frenar la corrupción que impera en su seno. Pues, de lo contrario, todo seguirá igual, o empeorando. La gobernabilidad democrática se le irá haciendo cuesta arriba, comprometiendo la credibilidad internacional en su gobierno.
Definitivamente, la corrupción y la narcopolítica están empujando al país hacia el precipicio. Si los Poderes del Estado no reaccionan y se las sacuden de encima, acabarán cayendo en él.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/al-borde-del-precipicio-1328297.html