Enrique Riera, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. / Celso Ríos, ABC Color
20 de Enero de 2015 12:53
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados analiza abrir una investigación preliminar contra los jueces presuntamente vinculados a narcos, luego del robo de cocaína en Amambay mientras se aguardaba una orden judicial para destruir la carga incautada.
Enrique Riera, titular del Consejo de la Magistratura y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, se refirió a la posibilidad de investigar la actuación del juez Luis Benítez, el magistrado que debía ordenar la destrucción de los 252 kilos de cocaína incautados en Zanja Pytã el pasado sábado 10 de enero.
La carga permanecía “resguardada” en la Jefatura de Policía de Amambay, mientras se aguardaba la resolución judicial para la quema; sin embargo, fue “robada” el sábado 17. La reacción del juez aparentemente se dilató y la destrucción debía disponerse recién esta semana. Las sospechas sobre irregularidades radican en que todo el proceso fue burocrático, pese a que la Fiscalía había advertido sobre el riesgo de que los dueños de la carga intenten recuperar el cargamento, valuado en más de US$ 1.000.000.
Sobre la posibilidad de investigar al magistrado, Riera adelantó que el mismo órgano extrapoder puede iniciar un proceso de oficio, independientemente de la decisión que tome la Corte sobre el caso. “Tenemos facultades para tomar iniciativas”, señaló en contacto con la 780 AM. Indicó que resulta llamativo que el magistrado haya demorado tanto en expedirse cuando se trataba de un caso delicado. “Llama la atención que haya demorado tanto y justo en la semana en que debía hacerse la destrucción se produzca el robo”, apuntó.
La actitud del juez solo permitió a los narcotraficantes contar con tiempo suficiente para planear un “rescate” de la carga y finalmente ejecutarlo a solo una semana de la incautación por parte de la Policía, según manifestó. “Creo que podemos hacer algo, abriendo una carpeta, una revisión preliminar y empezar a revisar la conducta de los jueces”, refirió. Adelantó que la investigación podría alcanzar no solo al juez Benítez, sino a todos los magistrados de zonas fronterizas, como Amambay, Canindeyú y Alto Paraná.
“Siempre ahí tienen conflictos de este tipo”, indicó al señalar los cuestionamientos a los magistrados y las versiones de que el narcotráfico controla a las propias autoridades de la zona. En la fecha, la Corte Suprema de Justicia ordenó el inicio de una auditoría en los expedientes sobre el caso de los 252 kilos de cocaína, además del blanqueo del intendente de Yby Pytã, Virgilio Portillo, quien fuera sorprendido con 8.000 kilos de marihuana.
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