Vecinos. Brasil y Argentina ya la poseen.
Al igual que la prospección del mar territorial en busca de hidrocarburos, el interés por lograr una central atómica para generación eléctrica fue otras de las propuestas que se impulsó durante el gobierno de Tabaré Vázquez.
En ese sentido, el ministro de Industria Roberto Kreimerman explicó que Uruguay aún se encuentra en la etapa de definir "si construirá o no una central nuclear" para generación de energía. "Estamos avanzando hacia la definición de la conveniencia o no para el país de la construcción de una central nuclear", dijo, a la vez que aclaró que se trata de un "paso previo y no de un alargamiento de la situación".
Añadió que "se están cumpliendo con los plazos que prevé la Organización Internacional de Energía Atómica con lo cual los 4 partidos políticos que integran una Comisión que analiza la opción de generación núcleo-eléctrica están de acuerdo, y seguros de que el camino es el análisis de los pasos que se prevén internacionalmente.
Actualmente se está en la Fase 1, de análisis de los elementos económicos, sociales, energéticos para determinar si el país puede o no avanzar hacia las otras fases. La Fase 2 es la de construcción de la estructura necesaria, solidificar la unidad reguladora que se encarga del aspecto de seguridad, construir el marco legal y constitucional, comenzar a formar los recursos humanos y estudiar la tecnología adecuada. Esta fase culmina con la decisión de cuál es la central que se instalará en el país y con qué tecnología. La Fase 3 es la de compra de tecnología, la negociación internacional para conocer qué realizarían los proveedores con los residuos que genera la industria, y culmina con la construcción de la central. La Fase 4 es el comienzo de la operatividad en sí misma de la central.
El Ejecutivo recientemente ha aprobado una ley de radioprotección nuclear. Kreimerman explicó que la energía atómica o proveniente de radiaciones ionizantes tiene tres grandes aplicaciones: "En el área de la salud (diagnóstico y cura de enfermedades), detección de materiales y preservación de alimentos, generación de energía, y uso no pacíficos.
De todos ellos el Uruguay sólo tiene actividad en el primero y en menor medida el segundo". En ese sentido para los usos en salud y productivo, prácticas todas ellas que se han venido desarrollando en los últimos años en el país, "se debe atender a la seguridad humana de las personas que utilizan la radioactividad y la seguridad física referido a que esto no puede ser utilizado con intenciones indebidas". Precisamente, la norma del gobierno apunta a que todos esos mecanismos y obligaciones para el uso y traslado de fuentes de radiación sea de acuerdo a las prácticas internacionales y que determina la Organización Internacional de Energía Atómica.
Sobre el funcionamiento de plantas nucleares en países limítrofes, tales como Atucha II en Argentina y Candiota en Brasil, el secretario de Estado dijo que el gobierno entiende que se trata siempre de cumplir con la normativa internacional en cualquiera de los usos de la energía atómica.
"Hemos tenido contactos con las autoridades de ambos países, y no tenemos problemas en el sentido en que mientras ambas plantas estén supervisados por los ministerios correspondientes y cumplan con todas las precauciones, sistemas de gestión y físicos que prevé la Organización Internacional de Energía Atómica, porque ella reúne a todos los países y establece las normas al respecto, el Uruguay no tiene problemas específicos con las naciones vecinas. Estamos informados de que ambos emprendimientos están cumpliendo con las disposiciones internacionales", aseguró.
En cuanto a la actividad minera en el Uruguay y el cumplimiento de las normas laborales para los trabajadores del área, dijo que "si bien en Uruguay la industria es incipiente (al margen de la minería tradicional de pequeñas y medianas empresas a cielo abierto de arenas y balastos), la nueva minería de materiales metálicos está regida por el código minero. El gobierno propone la actualización del Código Minero en cuanto a la información que se debe proporcionar y a los controles que las autoridades deben realizar.
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