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MEDIO MUNDO COMPLICE DE LAS CARCELES SECRETAS
Un detallado documento debatido este jueves en la ONU, que no fue rechazado de plano por ninguno de los países involucrados , confirmó el empleo de cárceles clandestinas en la lucha contra el terrorismo liderada por Estados Unidos, que hasta ahora era un secreto a voces.
Por Gustavo Capdevila
GINEBRA, 3 jun (IPS) - La detención secreta de personas ya había sido parte de los crímenes contra la humanidad cometido en los años 70 y 80 por las dictaduras de América Latina. Pero el método se expandió hacia otras regiones con el lanzamiento por parte del gobierno estadounidense de George W. Bush (2001-2009) de su guerra contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
Además de esos centros de detención, los mecanismos de represión al terrorismo utilizados por los estados también incluyeron desde 2001 la práctica de "entrega extrajudicial", que consiste en trasladar a presuntos terroristas a otros países donde pueden ser torturados.
El informe, encomendado por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y elaborado por cuatro expertos independientes del foro mundial, expone en detalle los aspectos de esas actividades ilegales y también de los vuelos organizados para desplazar a los supuestos terroristas, con escalas en numerosos estados cómplices.
Se trata de un documento importante porque recoge en una sola pieza una información que se conocía desde hace tiempo, pero de manera fragmentada, dijo a IPS el representante de Amnistía Internacional para la ONU en Ginebra, Peter Splinter.
El texto concentra su atención en demostrar el alcance de la detención secreta como un problema mundial y también como un asunto real de este momento, insistió.
Los autores del documento fueron el finlandés Martín Scheinin, relator sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, el austriaco Manfred Nowak, relator sobre la tortura, la paquistaní Shaheen Ali, vicepresidenta del grupo de trabajo sobre detención arbitraria, y el sudafricano Jeremy Sarkin, presidente del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas.
El informe de los expertos de la ONU asegura que son muchos los estados que recurren a la detención secreta de personas, aduciendo intereses de seguridad nacional que a menudo se ven como amenazas o emergencias sin precedentes o se presentan como tales.
El derecho internacional prohíbe claramente la detención secreta, que infringe varias normas de derecho humanitario que no admiten excepción en circunstancia alguna, sostiene el documento que examinó el Consejo de Derechos Humanos, el principal órgano político en esa especialidad de la ONU, como subrayó intencionadamente Scheinin.
El empleo de la detención secreta equivale en la práctica a sustraer a los detenidos del marco legal y dejar sin sentido las garantías que establecen diversos instrumentos internacionales, en particular el recurso de hábeas corpus, reflexiona el informe.
Los expertos recomiendan la prohibición expresa de la detención secreta, junto con cualquier otra forma de prisión no oficial.
Hay que llevar registros de detención inclusive en tiempos de conflicto armado como exigen los Convenio de Ginebra, que establecen el tratamiento debido a los combatientes y a la población civil en caso de guerras.
Scheinin se mostró satisfecho por la reacción del Consejo. Ha salido mejor de lo esperado, comentó. El informe ha sido controvertido, pero ahora parece que existe el reconocimiento de que el tema es lo suficientemente serio para no trivializarlo con obstáculos procesales, puntualizó.
El experto resaltó que algunos países enfrentados originalmente al informe, como Egipto, se abstuvieron de hablar en el debate. Otros manifestaron sus puntos de vista en tono más fuerte, como los casos de Siria, Rusia y de Argelia, que habló en nombre del Grupo Africano.
Ciertos países, como Etiopía, China, Nepal y Canadá, expusieron casos muy específicos.
En cuanto a Estados Unidos, mencionado profusamente en el informe junto a su Agencia Central de Inteligencia (CIA) por sus políticas antiterroristas posteriores al 11 de septiembre de 2001, la experta Ali estimó que su delegada, la embajadora Eileen Donahoe, respaldó el informe aunque expresó algunas preocupaciones por la metodología empleada en su elaboración.
Scheinin señaló a IPS que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha fracasado en su intención proclamada, apenas asumió el cargo en enero de 2009, de clausurar el centro de detención de Guantánamo, la base naval que ese país posee en la isla de Cuba.
Desde el punto de vista del derecho internacional, eso significa que Washington sigue violando sus obligaciones de derechos humanos al no haber cerrado esa prisión ni tampoco haber sometido a juicio a las personas allí encarceladas, agregó.
Sin embargo, el experto manifestó que comprende la situación política interna en Estados Unidos. El gobierno es incapaz de hacer algo porque los legisladores le prohíben apelar a las opciones disponibles. La presión se trasladó ahora a los esfuerzos por comprometer a terceros países para que reciban a los detenidos en Guantánamo, indicó.
La lista de países y territorios mencionados en el informe de la ONU es muy extensa en cuanto a los diferentes grados de participación o complicidad en los casos de detención secreta, de entrega de prisioneros o de facilitación de vuelos de traslado.
El documento menciona en algunas de esas violaciones a Tailandia, Polonia, Rumania, Afganistán, República Checa, Uzbekistán, Marruecos, Lituania, Kosovo, Bosnia y Herzegovina, Siria, Pakistán, Iraq, Jordania, Egipto, Etiopía, Yibuti, Gran Bretaña, Alemania, Canadá, Italia y la ex República Yugoslava de Macedonia.
No es un problema, como algunas delegaciones parecieron sugerir, que compromete a sólo a ciertas naciones. Involucra a muchos, con la complicidad de muchos servicios de inteligencia y de policía, apuntó Splinter.
Esas características resaltan la importancia del problema que el Consejo de Derechos Humanos y la comunidad internacional tienen que abordar, añadió el representante de Amnistía Internacional.
El documento dedica numerosos párrafos a describir el principal antecedente de los actuales abusos de detenciones secretas, como fue la coordinación en los años 70 y 80 entre dictaduras de América del Sur en el llamado Plan Cóndor, que involucró principalmente a Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, con conocimiento del gobierno de entonces de Estados Unidos.
Silvia Cao, representante de Argentina, recordó que la dictadura de su país (1976-1983) llegó a retener ilegalmente a 14.500 personas en centros clandestinos, que eran verdaderos campos de concentración y cuya existencia el régimen negó permanentemente.
Argentina se declara profundamente preocupada porque la detención secreta sigue siendo aplicada en diversas partes del mundo, con múltiples pretextos, como el estado de emergencia, las guerras internacionales o la lucha contra el terrorismo en el mundo entero, dijo Cao.
Por su parte, Lourdes Boné, delegada de Uruguay, expuso que los centros de detención secreta, así como los abusos a que se prestan a veces las declaraciones de estado de emergencia, las prácticas de detención arbitraria y la desaparición forzada de personas fueron recurrentes en su país en tiempos de la dictadura cívico-militar (1973-1985). (FIN/2010)

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