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Feb 9, 2015
El año pasado, el país fue conmovido por el secuestro y el largo cautiverio sufrido por los jóvenes Arlan Fick y Edelio Morínigo en manos del grupo ilegal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), así como por el doble asesinato del que fueron víctimas el periodista Pablo Medina y su acompañante Antonia Almada, entre otros lamentables sucesos. Este año, el EPP ya dejó su “marca” al ejecutar fríamente a una pareja de alemanes, además de seguir en sus manos el policía Edelio Morínigo. Son algunos casos aún abiertos que demuestran la inoperancia de la Fuerza de Tarea Conjunta y de la Justicia, respectivamente, y la profunda penetración del narcotráfico en la política nacional.
Resulta alarmante que después de tantos años el Estado no pueda imponer el orden en una zona relativamente pequeña y, también, que el crimen organizado se haya infiltrado en sus instituciones.
En efecto, Hugo Velázquez, presidente de la Cámara de Diputados, señaló que el narcotráfico se había empotrado en todo el aparato estatal, y en el propio Senado se denunciaron sus lazos con los diputados Bernardo Villalba, Freddy D’Ecclesiis y Marcial Lezcano, así como con el diputado suplente Carlos Sánchez y con el exdiputado Magdaleno Silva. Hasta ahora, la revelación no conduce absolutamente a nada, pese a que el Ministerio Público había formado un grupo especial para supuestamente “investigar” la narcopolítica.
Ante esta deplorable situación nada menos que en el Congreso Nacional y el peligro de que se expanda aún más dentro del aparato gubernamental, se hace necesario evitar en lo sucesivo que los órganos estatales sean conquistados por los narcotraficantes convertidos en políticos o por los políticos volcados al narcotráfico. Para que eso pueda suceder, es necesario que en las próximas elecciones a realizarse en el país los ciudadanos examinen con mucho cuidado el historial de quienes piden su voto, denunciando públicamente a través de la prensa a aquellos candidatos que se presenten con un frondoso pasado de fechorías.
Por ejemplo, aparte de rechazar la reelección de los actuales intendentes sinvergüenzas que se apropiaron del dinero público, y de los concejales haraganes que nada hicieron por precautelarlo, habrá que cuidarse de que los narcotraficantes y otros malvivientes no vuelvan a conquistar espacios de poder en las intendencias, tal como lo hizo en Ypejhú el hoy prófugo exintendente Vilmar Acosta.
Si se ha arribado a una situación de tanta podredumbre es porque a lo largo de los años los ciudadanos hemos cerrado los ojos ante el avance del mal. Es hora, entonces, de que tomemos conciencia de que si dejamos que los mafiosos continúen infiltrándose en las instituciones, el crimen puede llegar a enseñorearse del país, convirtiendo al Paraguay en lugar de producción de drogas ilícitas bajo la protección estatal.
http://diariolajornada.com.py/v6/?s=Vilmar

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